
La decisión del Patronato del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) de aprobar en noviembre pasado una reordenación interna responde a la inquietud generada por informes de posible gestión irregular y a la notificación de tales situaciones a la Fiscalía de Madrid. En este contexto, el centro entregó un informe detallado sobre la situación actual y manifestó su plena colaboración con las autoridades investigadoras. La noticia principal se centra en la actuación reciente de la Policía Nacional, que acudió a la sede del CNIO para retirar un disco duro solicitado en virtud de una investigación de la Fiscalía Anticorrupción de Madrid por presunto desvío millonario de fondos públicos y amaño de contratos durante casi dos décadas, tras denuncias formuladas por antiguos directivos del organismo.
De acuerdo con la información difundida, agentes pertenecientes a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) llevaron a cabo la entrega controlada del dispositivo tecnológico este lunes, cumpliendo con una orden judicial que buscaba recabar información específica sobre los hechos denunciados. Según detalló el medio, la diligencia policial no consistió en un registro generalizado de las instalaciones ni en la incautación masiva de equipos, sino en la retirada de un solo elemento: el disco duro requerido en el marco de la investigación.
Tal como consignó la fuente y confirmó el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, la dirección del CNIO facilitó toda la documentación demandada, expresando su disposición a continuar colaborando de forma activa en el esclarecimiento de cualquier irregularidad detectada en la gestión de los fondos públicos asignados al centro. Las autoridades subrayaron que la cooperación entre el CNIO, el Ministerio y los organismos judiciales se mantendrá durante toda la duración de las diligencias iniciadas por el Ministerio Público.
La investigación que lidera la Fiscalía Anticorrupción de Madrid se inicia tras la denuncia formal presentada por dos exdirectivos del CNIO, quienes apuntaron la existencia de mecanismos empleados para adjudicar contratos de forma supuestamente fraudulenta y, en consecuencia, canalizar hasta 25 millones de euros del presupuesto del centro a usos irregulares, según publicó la fuente. Dichas operaciones habrían tenido lugar a lo largo de 18 años y afectarían tanto al sistema de contratación como a la gestión interna del CNIO, considerado un organismo clave en la investigación del cáncer en el país.
El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades señaló que la intervención policial de estos días forma parte del proceso habitual previsto en investigaciones complejas de esta naturaleza, en las que la recopilación de documentación y soportes electrónicos resulta fundamental para la verificación de las denuncias recibidas. El medio reportó que tanto el Ministerio como la propia dirección del CNIO reafirman su determinación para prevenir cualquier desviación de recursos públicos y garantizan su compromiso con la transparencia en los procedimientos que dirige la Fiscalía.
La denuncia presentada por los antiguos responsables del centro puso en conocimiento de las autoridades judiciales prácticas presuntamente irregulares en la adjudicación de contratos y en la utilización del presupuesto institucional, lo que motivó la apertura de diligencias de investigación por parte de la Fiscalía, de acuerdo con el relato ministerial recogido por el medio. Los agentes de la UDEF actuaron en cumplimiento estricto de la orden judicial para recabar los materiales considerados relevantes en la búsqueda de indicios que permitan esclarecer los hechos señalados en la denuncia.
En declaraciones recogidas en la cobertura, el Ministerio de Ciencia indicó que la recogida del disco duro obedece a la colaboración activa con la justicia y a la voluntad de clarificar cualquier circunstancia pasada o presente que pueda haber afectado a la integridad de la gestión pública en el CNIO. El centro, por su parte, emitió un comunicado al medio en el que reitera su disposición total para trabajar con todos los organismos implicados en la investigación y para entregar cualquier otra información que se les solicite.
Según informó la fuente, la labor policial constituye la fase inicial de una investigación de alcance mayor, orientada no sólo a la revisión de los contratos señalados por los exdirectivos, sino también a la identificación de posibles responsables individuales o grupales de los hechos bajo sospecha. La Fiscalía Anticorrupción mantiene abiertas las diligencias para definir el alcance de las supuestas irregularidades y establecer si existió una trama estructurada de desvío de fondos en el principal organismo público dedicado a la investigación oncológica.
A raíz de la apertura de la investigación, el Patronato del CNIO también decidió avanzar en la reordenación interna y en la elaboración de nuevos protocolos de control, facilitando así la supervisión de las actividades y la remisión de informes periódicos a los órganos supervisores, según consignó el medio. El Ministerio reiteró su política de tolerancia cero frente a cualquier práctica ajena a la legalidad y anunció que impulsará los procesos necesarios para asegurar la eficiencia y el correcto funcionamiento de todos los centros de investigación bajo su tutela.
La documentación recabada por la policía, especialmente el disco duro retirado esta semana, se someterá al análisis de los especialistas de la Fiscalía y de la UDEF, quienes evaluarán su contenido en el contexto de las pruebas ya aportadas por los denunciantes y los informes internos del centro. Según se desprende de la información recogida por el medio, las pesquisas podrían ampliarse si se detectan nuevos indicios o si de la revisión de los materiales surgen responsabilidades adicionales.
El Ministerio de Ciencia puso en valor la cooperación institucional y destacó ante el medio la importancia de la transparencia en todos los ámbitos de gestión pública, al tiempo que enfatizó la continuidad del proceso judicial y la voluntad de los responsables actuales del CNIO de aclarar cualquier duda existente sobre la administración pasada o presente del organismo.
La investigación de la Fiscalía Anticorrupción sigue abierta y su desenlace dependerá de la verificación de los hechos descritos por los denunciantes, la valoración de los documentos y soportes electrónicos recogidos y la eventual identificación de los posibles responsables de los hechos descritos en la denuncia, según reportó el medio.

