El Gobierno busca cómo salvar el Tratado de Amistad con Francia tras el 'no' del Congreso y la inhibición del TC

La situación generada tras la decisión del Tribunal Constitucional de no pronunciarse respecto al recurso presentado por el Senado ha dejado en suspenso la hoja de ruta hispano-francesa para activar el Tratado de Amistad y Cooperación, pactado por Pedro Sánchez y Emmanuel Macron en Barcelona en enero de 2023. Según informó Europa Press, la falta de avance en la ratificación española ha supuesto, entre otros efectos, el aplazamiento indefinido de la próxima Reunión de Alto Nivel, estancando la agenda bilateral y las expectativas diplomáticas entre ambos países. En medio de este contexto, el Ejecutivo analiza distintas alternativas legales y políticas para intentar que el texto entre en vigor.

Europa Press detalló que los últimos acontecimientos en la esfera legislativa y judicial española han generado incertidumbre y han supuesto un retroceso para la cooperación estratégica con Francia. El Congreso de los Diputados frenó la ratificación del acuerdo tras su debate en el Pleno el 14 de mayo, donde la abstención de formaciones como Junts y Podemos, sumada al rechazo de PP, Vox y UPN, impidió que prosperara la iniciativa. De acuerdo con fuentes diplomáticas citadas por Europa Press, el Ministerio de Asuntos Exteriores continúa la evaluación de posibles vías, aunque hasta la fecha no ha precisado si planteará la supresión del artículo objeto de disputa o si optará por reiniciar el trámite parlamentario.

El artículo conflictivo que bloqueó la ratificación permite la presencia rotatoria de un ministro galo en el Consejo de Ministros español, al menos una vez cada tres meses, y viceversa. Europa Press indicó que el Gobierno intentó encuadrar esta posibilidad en la legislación nacional mediante una enmienda a la Ley de Paridad en abril, que resultó fallida. Posteriormente, en noviembre de 2024, se introdujo la expresión "Sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales válidamente celebrados por España" en la Ley de Eficiencia de la Justicia para allanar el camino legal al Tratado.

Tras la ratificación francesa y ante el retraso en España, el Consejo de Ministros español remitió el documento a las Cortes el 28 de enero con carácter de urgencia, según consignó Europa Press. El Partido Popular, haciendo uso de su mayoría en el Senado, presentó en febrero un recurso previo de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. El PP argumentó que la medida podría infringir el artículo 98 de la Constitución, que contempla la asistencia del Rey como único miembro externo a las reuniones del Gobierno.

Mientras se tramitaba el recurso, la Comisión de Exteriores del Congreso dio el visto bueno inicial gracias a la abstención del PP, que aguardaba el dictamen del TC, según publicó Europa Press. La votación definitiva en el Pleno posicionó al PP junto a Vox y UPN en contra, quedando el Gobierno sin respaldo suficiente por la abstención de Junts y Podemos.

La resolución publicada por el magistrado Enrique Arnaldo recoge que el Tribunal Constitucional decidió no pronunciarse, al considerar que el Senado debió presentar la iniciativa antes del debate en el Congreso, y que, una vez rechazada en esa cámara, el tratado carece de posibilidad legal de ratificación por parte de España.

Esta parálisis institucional afecta directamente al desarrollo de compromisos estratégicos y a la celebración de nuevas reuniones bilaterales, como indicaron funcionarios franceses consultados por Europa Press. Francia ha comunicado que no ve sentido en convocatorias de alto nivel en tanto el instrumento fundamental de cooperación política y estratégica no se encuentra en vigor.

El Ministerio de Asuntos Exteriores, liderado por José Manuel Albares, sostiene, según Europa Press, que la obstrucción a la entrada en vigor es consecuencia exclusiva de las decisiones adoptadas en el Congreso y por el TC. Albares comunicó a su homólogo francés que el objetivo seguía siendo la ratificación antes del verano de 2024. El titular español defendió en diversas comparecencias que la postura del PP resultó determinante en el desenlace negativo de la votación.

En declaraciones recogidas por Europa Press, fuentes del ministerio reiteraron que “el Gobierno sigue trabajando para que entre en vigor el Tratado de Amistad con Francia, que será beneficioso para nuestros ciudadanos en múltiples aspectos”. Sin embargo, sigue sin definirse si se volverá a someter el texto a tramitación, ni si se prescindirá del artículo que suscitó el rechazo parlamentario.

La imposibilidad de implementar el acuerdo afecta iniciativas conjuntas previstas para el desarrollo de la cooperación bilateral en áreas como política exterior, defensa, economía, educación y cultura. Europa Press subrayó que esta situación ha agravado las tensiones diplomáticas y ha incidido en una mayor demora para la materialización de los objetivos pactados en el texto de 2023.

El Gobierno español continúa valorando opciones para desbloquear la situación, mientras Francia mantiene su posición a la espera de movimientos desde Madrid. Hasta el momento, el Ejecutivo no ha anunciado nuevas acciones concretas ni ha descartado relanzar el trámite parlamentario con un texto modificado, de acuerdo con fuentes oficiales citadas por Europa Press. El avance del Tratado de Amistad permanece detenido y la cooperación estratégica entre los dos países queda en suspenso, condicionada por el desarrollo de los procesos políticos y judiciales.