Fiscalía de Sevilla pide 30 años de prisión para un acusado de prostituir, maltratar y violar a su esposa

Las amenazas contra la hija menor, junto con el miedo constante en el entorno familiar, consolidaron la incapacidad de la víctima para resistir o buscar ayuda externa. En este contexto, la Fiscalía de Sevilla ha solicitado penas que suman hasta treinta años de prisión para un hombre acusado de delitos de explotación sexual, violencia física y psicológica, y agresión sexual reiterada contra su esposa a lo largo de casi diez años. Según informó Europa Press, el Ministerio Público sostiene que el acusado implementó un sistema de control total que abarcó no solo a la víctima, sino que impactó directamente en la hija del matrimonio, nacida en 2013.

El relato recogido por Europa Press detalla que la Fiscalía de Sevilla acusa al principal implicado de someter a la mujer a un régimen de dominio absoluto, limitando su independencia económica, su movilidad y su participación social. El Ministerio Público señala que la víctima dependía por completo del acusado, quien le impedía salir sin supervisión y mantenía una presencia constante en el domicilio familiar, restringiendo cualquier contacto con el exterior. Este ambiente, según la acusación, favoreció un estado de sumisión, incrementado por continuas amenazas de represalias contra la hija menor, lo que reforzó la resignación de la mujer y la ausencia de resistencia ante los hechos denunciados.

Europa Press publicó que la violencia descrita no se limitó exclusivamente a la esposa. El entorno familiar, y en particular la hija menor, también resultó afectado por insultos, empujones y agresiones físicas repetidas. Aunque no se han registrado informes médicos que certifiquen lesiones, según documenta el escrito recogido por el medio, los testimonios incluidos en la causa atribuyen el temor de la víctima y su indefensión a la amenaza directa sobre la menor, utilizada como instrumento para asegurar el sometimiento de la madre.

Respecto a los delitos sexuales, el informe judicial elaborado por la Fiscalía, citado por Europa Press, documenta múltiples episodios a lo largo de una década. En 2012, el acusado habría cometido una agresión sexual mientras la mujer dormía bajo los efectos del alcohol, resultando con lesiones, según los informes incluidos en el expediente. La acusación también señala un caso ocurrido en 2016, cuando el acusado y un segundo procesado, identificado como coautor, obligaron a la mujer a mantener relaciones sexuales tras atarla en la habitación. Estos episodios han sido calificados como violaciones, lo que motiva la petición de penas de mayor gravedad contra ambos procesados.

Sobre la explotación sexual, el Ministerio Público, según consignó Europa Press, sostiene que el procesado ofreció a la víctima a terceras personas, tanto conocidas como contactadas mediante plataformas en Internet. Parte de los encuentros se habrían realizado con el propósito de obtener recursos económicos para el pago de deudas o la adquisición de sustancias que el acusado consumía habitualmente. Una parte de estos episodios quedó registrada en grabaciones de vídeo, las cuales habrían sido realizadas sin el consentimiento de la víctima y utilizadas como mecanismo para intensificar la coacción.

El control coercitivo se habría extendido a través de la amenaza de difundir estos vídeos de contenido sexual, lo que, de acuerdo con la Fiscalía, agravó la situación de la víctima al aumentar su humillación y el impacto emocional. Europa Press detalla que esta estrategia de intimidación contribuyó decisivamente a reforzar el dominio del acusado y la indefensión de la víctima, incluso fuera del ámbito doméstico, al proyectar las amenazas sobre su vida privada y social.

El escrito acusatorio resalta que, más allá de la violencia física, la víctima fue objeto de mecanismos de humillación y vejación orientados a minar su autoestima y estabilidad emocional. Los insultos, los empujones y las conductas degradantes completaron un patrón de abuso continuado, según lo recoge Europa Press, que desembocó en una dinámica de poder asimétrica, con la autonomía de la mujer anulada de manera sistemática.

La calificación penal contenida en el informe del Ministerio Público, de acuerdo con la información de Europa Press, incluye dos delitos de agresión sexual —uno de ellos en calidad de coautor para el acusado y el segundo procesado—, así como un delito continuado de malos tratos habituales. Estos se consideran agravados por haberse cometido en el domicilio y en presencia de menores. La Fiscalía solicita una pena total de treinta años de prisión para el principal acusado, mientras que para el segundo procesado la petición alcanza los doce años, debido a su participación en uno de los episodios de violación.

En materia de responsabilidad civil, el Ministerio Público, según detalló Europa Press, pide que ambos acusados abonen solidariamente una indemnización de 20.000 euros a la víctima, más el interés legal correspondiente, como compensación por el daño moral ocasionado por la conducta delictiva.

La documentación judicial presentada ante los tribunales reúne testimonios, grabaciones y otros elementos de prueba que describen de forma minuciosa el impacto de los hechos tanto en la salud física como psíquica de la víctima y su hija, así como la influencia que el ambiente de violencia ejerció sobre la vida de la familia. Europa Press concluye que el clima de intimidación y ausencia de protección definió la convivencia a lo largo de los años en que, según la acusación, se sucedieron los episodios de abuso.

La resolución final del caso quedará en manos de la autoridad judicial, que valorará las pruebas aportadas y los testimonios presentados en la vista aún por celebrar. Mientras tanto, la Fiscalía considera que la gravedad y continuidad de los hechos ameritan las penas solicitadas tanto en el ámbito penal como en el civil, a la luz de los elementos recogidos en el proceso investigativo informado por Europa Press.