La acumulación de antecedentes penales previos por delitos de violencia doméstica, violencia de género y hurto figura entre los factores que se consideran determinantes en el proceso, según indicó el medio. Mientras la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma examina la incidencia de estos antecedentes en la calificación legal de los hechos, la Fiscalía insiste en que el historial del acusado revela un patrón de reincidencia cuya valoración podría incrementar la gravedad de la responsabilidad penal en el caso.
De acuerdo con la información consignada por el medio, la investigación judicial se centra en un episodio reportado en junio de 2021, cuando la víctima, menor de edad y bajo protección en un centro institucional de Palma, recibió un permiso temporal. En esa ocasión, su padre la trasladó a su domicilio, donde, de acuerdo con el escrito de acusación de la Fiscalía, el hombre realizó tocamientos y besó a la joven en la boca sin su consentimiento. Este contexto, marcado por la situación de especial protección y vulnerabilidad de la menor, constituye uno de los principales argumentos de la acusación.
La Fiscalía fundamenta que la suma de condenas anteriores, dictadas en los años 2009 y 2013 por hechos relacionados con violencia, y una sentencia por hurto en 2018, refuerza su tesis sobre la necesidad de una resolución judicial que priorice la prevención y la protección de menores ante delitos graves cometidos en el ámbito familiar. Según reportó el medio, estos antecedentes permiten sostener que existe un riesgo elevado y consolidan la demanda de medidas ejemplares y disuasorias.
El ministerio público solicita en su escrito una pena de dos años de prisión para el acusado y el pago de 3.000 euros a modo de indemnización para la víctima. Esta cantidad busca resarcir a la menor por los daños sufridos y atender a su derecho a la reparación. El medio detalló que la audiencia, fijada a las 9:45 horas, incluye la declaración de la víctima como parte central del proceso, junto con otros testigos ofrecidos por ambas partes.
En la sala, el tribunal escucha los testimonios, examina la coherencia de los distintos relatos y estudia los documentos recabados durante la investigación, que incluyen informes sobre la tutela institucional de la joven y su entorno familiar. El análisis se extiende también a los registros penales del acusado, en busca de elementos que permitan confirmar la existencia de un patrón de reincidencia y valorar el grado de peligrosidad social atribuido en la acusación.
El medio informó que el tribunal dedica especial atención a la interpretación de las circunstancias del caso: desde la condición protegida de la menor, pasando por el procedimiento de tutela estatal, hasta la valoración precisa de los antecedentes del procesado. La fiscalía presenta el caso sobre la base de dos ejes: por un lado, recalca la especial protección de la víctima y, por otro, sustenta la relación entre la reiteración de delitos previos y la solicitud de una sanción orientada a hacer efectivo el principio de prevención general.
La defensa, según consignó el medio, tiene la oportunidad de rebatir la versión de los hechos presentada por la acusación, proponer pruebas que desvirtúen los testimonios o contradigan la descripción de la relación familiar y de la tutela. Así, el juicio se configura como un escenario en el que el tribunal debe ponderar, no solo la solidez de las pruebas materiales y las declaraciones, sino también el modo en que la reincidencia puede o no suponer una agravante decisiva en la resolución.
De acuerdo con lo publicado por el medio, el caso se convierte en una referencia para el sistema judicial de Palma en materia de delitos sexuales dentro del núcleo familiar, especialmente cuando las víctimas se encuentran bajo resguardo institucional. La decisión del tribunal estará determinada por su criterio sobre si los actos imputados constituyen abuso sexual conforme al código penal y en qué medida la existencia de antecedentes influye en la responsabilidad penal y en la severidad de la pena solicitada.
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