El PP se persona en la causa que investiga la Audiencia Nacional contra Leire Díez y el expresidente de la SEPI

Durante la comparecencia de este lunes, la portavoz del Partido Popular, Cuca Gamarra, destacó la preocupación de su formación por el posible impacto que la investigación sobre contratos públicos, conocida dentro del partido como "trama Montero", podría tener en diversas instituciones gubernamentales. Según detalló El País, el PP llevó este asunto ante los tribunales, personándose en la causa que se instruye en la Audiencia Nacional y que está dirigida contra Leire Díez y el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández, por presuntas irregularidades en la contratación pública.

Gamarra explicó, según reportó El País, que el Partido Popular decidió tomar parte activa en las diligencias judiciales promovidas por la Fiscalía Anticorrupción tras conocerse la apertura de una nueva línea de investigación. La dirigente señaló que esta investigación gira en torno a presuntas irregularidades vinculadas a contratos a cargo de la SEPI y otras entidades relacionadas, e insistió en la necesidad de llegar hasta las últimas consecuencias legales para esclarecer si altos cargos del Gobierno se vieron involucrados. Además, Gamarra designó a esta serie de actuaciones como la "trama Montero", en referencia a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a quien vinculó indirectamente con los hechos investigados debido a su relación con algunos de los principales implicados.

El medio El País especificó que el caso bajo secreto de sumario examina actividades en las que habría existido una “SEPI paralela”, según la expresión utilizada por la vocera del PP, diseñada para facilitar una serie de contrataciones opacas en empresas que el partido asegura guardan relación directa con los ministerios de Hacienda y Transición Ecológica, dirigidos por Montero, Sara Aagesen y Teresa Ribera, respectivamente. Gamarra puso énfasis en que la investigación involucra tanto a figuras que ejercieron cargos públicos como a empresarios con conexiones políticas, entre los que figuran Leire Díez, exmilitante socialista; Vicente Fernández, expresidente de la SEPI y excolaborador de la actual vicepresidenta primera, y Antxon Alonso, socio empresarial de Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE.

De acuerdo con la información publicada por El País, la implicación de la firma Servinabar, ligada empresarialmente a Alonso y a Cerdán, refuerza la sospecha sobre las presuntas adjudicaciones irregulares gestionadas desde la SEPI hacia compañías con nexos políticos. El proceso judicial, según el medio, deriva de una denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción que desencadenó la detención y posterior puesta en libertad de Díez, Fernández y Alonso el pasado sábado tras su comparecencia ante el juez Antonio Piña, quien les impuso medidas cautelares. Estas incluyen la retirada del pasaporte, prohibición de salir del territorio español y la obligación de comparecer ante el juzgado cada quince días.

La portavoz popular enfatizó durante su intervención que la labor de su partido será la de vigilar para que se esclarezca si algún miembro del gabinete de ministros está vinculado a las presuntas irregularidades que se habrían producido en el seno de la SEPI. Gamarra hizo hincapié en que, a juicio del PP, las partes investigadas no podrán eludir la acción judicial ni el posible juicio político y electoral de la ciudadanía. “Podrán huir del Parlamento, pero no podrán huir de la justicia, como no podrán huir de las urnas cuando los españoles tengamos la posibilidad de votar y decidir”, afirmó, según recopiló El País.

Asimismo, el artículo de El País aclaró que el procedimiento judicial mantenía la calificación de secreto de sumario en la Audiencia Nacional, lo que impide el acceso público a las pesquisas y a los detalles más relevantes de las actuaciones. Esta condición de reserva afecta a los datos sobre los contratos presuntamente irregulares, las empresas beneficiadas y el alcance de la supuesta red, limitando así la difusión de las informaciones disponibles hasta el avance de la causa.

La investigación, según reportó El País, se encuadra dentro de una serie de iniciativas recientes de la Fiscalía Anticorrupción destinadas a supervisar el cumplimiento de la legalidad en la adjudicación de contratos desde empresas estatales. Según el Partido Popular, estos hechos revelan la existencia de estructuras paralelas a la gestión ordinaria de los organismos públicos para facilitar adjudicaciones presuntamente ilícitas. De acuerdo a la interpretación que hace el PP, la trama se extiende más allá del ámbito de la SEPI, alcanzando a otras dependencias oficiales, aunque en el sumario abierto todavía no se han presentado imputaciones formales a altos cargos ministeriales.

Cuca Gamarra reiteró, según recogió El País, la postura del Partido Popular a favor de una depuración de responsabilidades y reafirmó la intención de la organización política de que la investigación judicial delimite todas las responsabilidades y posibles implicaciones políticas. Además, subrayó que el PP no estará al margen de lo que definió como un caso con repercusión institucional, enfatizando que asumirán un papel activo en el seguimiento y evolución judicial del proceso.