Un juez pide a un ex alto cargo de la Comunidad de Madrid documentar su alerta sobre los protocolos de las residencias

Martínez Peromingo, quien formó parte del grupo de trabajo encargado de definir los protocolos de derivación hospitalaria desde residencias durante la primera ola de la pandemia, sostiene que sus objeciones a los criterios aplicados fueron trasladadas de manera formal y electrónica al entonces director general de Coordinación Socio-Sanitaria, Carlos Mur. El conflicto sobre la naturaleza restrictiva de estos protocolos ha adquirido relevancia en el proceso judicial que indaga presuntas discriminaciones en la atención hospitalaria a residentes de centros de mayores de la Comunidad de Madrid durante la crisis sanitaria por COVID-19. Según informó Europa Press, el juez del Juzgado de Instrucción número 2 de Collado Villalba ha solicitado a Martínez Peromingo que aporte los mensajes, correos electrónicos e intercambios digitales que den cuenta de sus advertencias y comunicaciones internas, con el fin de esclarecer su postura y precisar la dinámica de desarrollo y aprobación de dichos protocolos.

De acuerdo con la información difundida por Europa Press, la reclamación judicial se centra en toda la correspondencia generada entre Martínez Peromingo y Carlos Mur en marzo de 2020, etapa clave en que se elaboraron y remitieron los documentos que fijaron los criterios para el traslado hospitalario de ancianos desde residencias. La relevancia de los correos electrónicos y mensajes de WhatsApp intercambiados entre los responsables, que documentan las objeciones del ex alto funcionario, constituye ahora una de las principales evidencias requeridas por el juzgado, en el marco de una causa judicial originada por la muerte de una interna en el centro Sanitas Torrelodones. El objetivo principal es determinar si se produjeron decisiones que impidieron un acceso hospitalario igualitario para las personas mayores institucionalizadas.

Europa Press detalló que la investigación se dirige tanto contra los diseñadores de los llamados “protocolos de derivación”, como contra los equipos médicos encargados de ejecutarlos en los hospitales Puerta de Hierro y Gregorio Marañón. Entre los citados por el juzgado figuran tanto altos cargos, como geriatras de enlace de los hospitales mencionados, quienes tenían la responsabilidad de aplicar estos criterios en las residencias del área de influencia. Las diligencias buscan determinar hasta qué punto las decisiones de los responsables, reflejadas en la documentación y comunicaciones internas, estuvieron orientadas por directrices restrictivas y si existieron advertencias explícitas sobre el efecto discriminatorio de estos protocolos.

Por su parte, Martínez Peromingo afirma haber planteado su desacuerdo en diversas ocasiones y por distintas vías, recurriendo tanto al correo electrónico institucional como a aplicaciones de mensajería instantánea. Europa Press explicó que, según el ex funcionario, estas pruebas pueden acreditar la existencia de una oposición interna al carácter de los criterios adoptados, así como la comunicación formal de las posibles consecuencias negativas para los residentes. La aportación de la correspondencia privada entre Martínez Peromingo y el resto de responsables se considera crucial para la valoración de su situación procesal, ya que, según consignó el medio, el magistrado de Collado Villalba deberá analizar si dichos registros dan soporte o contradicen la acusación de haber negado de forma discriminatoria el acceso a servicios hospitalarios.

A medida que avanza la instrucción, tanto el ministerio fiscal como la abogada representante de las familias de las víctimas examinan en detalle el proceso completo de toma de decisiones, prestando atención al papel de los altos responsables y equipos médicos en la aprobación y despliegue de los protocolos de actuación. El análisis se extiende a la revisión de todas las comunicaciones y documentos internos que pudieran haber influido en la interpretación y adaptación de las directrices durante el periodo crítico de la primera ola de la pandemia.

La causa judicial incluye además a Carlos Mur y a Pablo Busca, este último responsable del área de ambulancias en la Comunidad de Madrid en el momento de los hechos. Europa Press reportó que tanto Mur como Busca fueron citados a declarar en más de una ocasión ante el juzgado, pero ambos rehusaron la última convocatoria y tampoco asistieron a una anterior. La abogada de las familias de las víctimas anticipó que solicitaría una orden de busca y captura para ambos, argumentando que sus ausencias reiteradas podrían representar un intento de evadir la acción judicial.

El alcance de la investigación incluye el proceso de redacción y aprobación de los protocolos de derivación, así como las advertencias documentadas y su posible impacto en las decisiones operativas y clínicas adoptadas en las residencias adscritas a hospitales de referencia. Los documentos en revisión comprenden instrucciones, comunicaciones oficiales, registros electrónicos y cualquier otro material que evidencie objeciones o desacuerdos profesionales sobre la interpretación de los criterios empleados. Europa Press ha hecho hincapié en que la Fiscalía y la acusación particular centran parte de sus pesquisas en reconstruir el contexto de las decisiones y el nivel de responsabilidad individual de cada uno de los implicados, en particular en lo concerniente al acceso equitativo a la atención sanitaria para la población de edad avanzada residente en los centros afectados.

En la organización de las diligencias, los geriatras de enlace convocados como investigados cumplieron tareas decisivas en la implantación de los protocolos en sus respectivas áreas. Según recogió Europa Press, el juzgado evalúa su intervención directa en las decisiones sobre hospitalizaciones durante la etapa crítica de la pandemia, lo que forma parte de las responsabilidades detalladas en las comunicaciones internas aportadas por los responsables.

El desarrollo del caso continúa centrado en la obtención, análisis y valoración de las pruebas documentales aportadas por Martínez Peromingo, así como en la posible emisión de nuevos requerimientos de testimonio y comparecencia para los demás miembros del equipo que gestionó las residencias, los enlaces hospitalarios y los encargados del transporte sanitario. Las decisiones judiciales futuras quedarán condicionadas por el contenido y alcance de la documentación recopilada, y por el grado de colaboración de los investigados en el esclarecimiento de posibles irregularidades en la atención a los internos de las residencias durante la primera ola del COVID-19.