Rufián dice que, tras la "barbaridad" contra García Ortiz, el PSOE debe actuar contra los jueces que se creen políticos

Gabriel Rufián denunció un retroceso institucional tras la resolución dictada contra el ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y advirtió que la judicialización de la política podría ampliarse a figuras próximas al presidente del Gobierno, como la propia esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. Según informó Europa Press, el portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en el Congreso reclamó que el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) impulse medidas legislativas concretas ante el fallo del Tribunal Supremo, que inhabilitó durante dos años a García Ortiz, aduciendo que la dinámica judicial ya no se limita al independentismo catalán, sino que ahora afecta de manera directa al entorno central del poder.

Europa Press detalló que, para Rufián, la sentencia contra García Ortiz establece un precedente dirigido a figuras del PSOE y del Gobierno central, desplazando el foco de la presión judicial hasta los núcleos del socialismo español. En su análisis público, el dirigente catalán enfatizó que lo que en otras etapas se centraba en el independentismo ahora se ha trasladado a colaboradores cercanos del Ejecutivo, mencionando expresamente tanto a asesores del presidente como a familiares del propio Sánchez, una proyección que, según el portavoz republicano, podría evidenciarse si los órganos judiciales lo consideran oportuno.

Tal como consignó Europa Press, el representante de ERC subrayó que los hechos recientes replican una pauta de actuación ya observada en procesos judiciales de alto impacto contra dirigentes independentistas, que en su momento calificaron de infundados. Ahora, según el parlamentario, las decisiones judiciales evidencian una continuidad en la presión sobre representantes de tendencias progresistas y el PSOE. Rufián vinculó la sanción a García Ortiz con lo que consideró una interferencia en la estabilidad institucional y llamó a una reacción legislativa específica: “El PSOE debe actuar contra los jueces que se creen políticos”, sostuvo, en referencia a aquellos magistrados que, a su juicio, exceden los límites de su función e incurren en intromisiones sobre la esfera política.

Europa Press recogió que el parlamentario insistió en que las protestas públicas, los mensajes virtuales o las declaraciones simbólicas resultan insuficientes ante este panorama. Demandó al PSOE y a su grupo parlamentario que promuevan legislación concreta que delimite la capacidad de los órganos judiciales para adoptar posturas políticas. Rufián argumentó, según transmitió la misma fuente, que el problema trasciende las afinidades partidistas y afecta al sistema democrático en conjunto, comprometiendo la autonomía e independencia de las instituciones.

Otro de los ejes de su postura, según reportó Europa Press, radicó en la crítica a la fundamentación jurídica de la inhabilitación de García Ortiz. El portavoz republicano cuestionó que la información cuya publicación se le reprocha al ex fiscal general circulaba previamente entre actores políticos antes de su oficialización, lo que, en su visión, debilita la base de la resolución y refleja un enfrentamiento institucional que no se puede responder solo con gestos o discursos.

El medio informó que Rufián recordó la trayectoria de tensión entre la judicatura y las formaciones progresistas, una relación en la que el independentismo catalán fue blanco de persecución judicial que sus defensores consideran injustificada. En este contexto, el portavoz republicano reiteró la urgencia de utilizar todas las herramientas legales tanto en apoyo del ex fiscal general como de los cargos políticos que puedan ser objeto de actuaciones similares en el futuro.

Europa Press también consignó que Rufián interpreta la sucesión de decisiones judiciales controvertidas como un factor de inestabilidad institucional y muestra de la vulnerabilidad política frente a interpretaciones judiciales respondientes a intereses ajenos al derecho. El diputado expresó que la prioridad debe recaer en la promoción de reformas legales destinadas a definir con precisión las funciones del poder judicial y evitar que interfiera en las competencias asignadas al Parlamento y al Gobierno.

Durante sus declaraciones, recogidas por la agencia informativa, Rufián lanzó preguntas sobre la responsabilidad de los grupos parlamentarios para impedir lo que considera injerencias judiciales en las atribuciones propias del Ejecutivo y la cámara legislativa. Además, amplió su diagnóstico señalando la pérdida de confianza en ciertos sectores del poder judicial originada por episodios como el que derivó en la sanción de García Ortiz.

De acuerdo con Europa Press, el dirigente republicano ubicó este conflicto en el marco de persistentes problemas estructurales en la relación entre los tres poderes del Estado, agudizados cuando la justicia actúa sobre temas de alta sensibilidad política y afecta la gobernabilidad nacional. Planteó que la única solución real implica orientarse a una reforma normativa capaz de proteger la independencia política y delimitar las competencias judiciales para impedir interpretaciones expansivas.

Según la agencia, Rufián destacó que el fenómeno ya no responde a episodios aislados, sino que concierne a la protección general de la estructura democrática. Demandó que la respuesta institucional se materialice en acciones normativas y no quede circunscrita al discurso mediático o las redes sociales, como ya atribuyó a la reacción del PSOE tras el fallo.

La argumentación expuesta por el parlamentario republicano, atribuida por Europa Press, concluyó en la advertencia de que la instrumentalización de decisiones judiciales como mecanismo de presión sobre actores políticos supone un riesgo para el núcleo del principio de separación de poderes, con efectos sobre la legitimidad y funcionamiento del sistema constitucional. Finalmente, Rufián sostuvo ante la prensa que la ausencia de respuesta por parte del Gobierno y del Legislativo podría afianzar esas prácticas, afectando no solo a cargos y partidos, sino también a sus entornos personales y familiares, consolidando una tendencia que, en su evaluación, pone en entredicho la solidez institucional del país.