Robles declara su "total y absoluta confianza" en el Tribunal Supremo tras la sentencia al fiscal general

La sentencia emitida sobre el ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se dio a conocer de manera íntegra tras varios días de expectación pública provocada por filtraciones y demoras, hecho que suscitó opiniones sobre la respuesta institucional frente a informaciones periodísticas catalogadas como falsas y el efecto de estas en el ámbito privado de personas vinculadas a responsables políticos. Según informó Europa Press, el Tribunal Supremo concluyó que la revelación de información sensible protegida no puede justificarse por el deseo de replicar versiones incorrectas publicadas en los medios, aunque esto se vincule a la defensa del entorno personal de figuras públicas.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, expresó su "total y absoluta confianza" en el Tribunal Supremo tras la publicación completa del fallo, según detalló Europa Press. Robles enfatizó la obligación de respaldar las instituciones judiciales como pilar del funcionamiento democrático, afirmando que la confianza en la justicia resulta esencial para sostener legalidad y principios democráticos básicos. Estas declaraciones tuvieron lugar poco después de que el tribunal diera a conocer los fundamentos de su decisión sobre la actuación de García Ortiz durante su mandato como fiscal general del Estado.

El Alto Tribunal se dividió en cinco magistrados a favor de la sentencia frente a dos que manifestaron una posición contraria, reflejando una significativa disparidad de criterios en la evaluación del caso. Según publicó Europa Press, la resolución, conocida a finales de noviembre y acompañada de retrasos en la divulgación de su texto completo, mantuvo la atención de la opinión pública y generó debate sobre la exposición de informaciones protegidas en el marco de la respuesta institucional y la relevancia de la protección de datos personales del entorno privado de figuras políticas.

El fallo del Tribunal Supremo determinó que la filtración tanto de un correo electrónico como de una nota de prensa relativa a la pareja de Isabel Díaz Ayuso representó una vulneración de la ley, al considerar probado el delito de revelación de secretos. El texto judicial, al que hizo referencia Europa Press, puntualizó que el ex fiscal general no podía justificar su actuación alegando la necesidad de contestar datos inexactos publicados en los medios, ya que ello implica incurrir en una conducta penada por la legislación vigente y contraria a los principios básicos del Estado de Derecho.

Durante su comparecencia en el Congreso, Margarita Robles subrayó que la integridad de los procesos judiciales representa un factor fundamental para el sostenimiento de la democracia, sosteniendo que sin confianza en la justicia, esta no puede operar como salvaguarda de libertades y derechos. Robles, quien anteriormente ejerció funciones como magistrada del Tribunal Supremo, señaló que su experiencia en la judicatura le otorga una perspectiva directa sobre la importancia de cumplir estrictamente los procedimientos ante los tribunales, según recogió Europa Press.

Respecto a los tiempos de publicación de la sentencia, la ministra manifestó que hubiera resultado preferible una mayor celeridad en la difusión del texto íntegro, considerando que la decisión de fondo era conocida desde el pasado noviembre. No obstante, remarcó ante Europa Press la necesidad de preservar la regularidad procesal y el respeto a las formas legales como componentes esenciales de la fortaleza institucional y del sistema judicial español.

El fallo también resalta, de acuerdo con Europa Press, que filtrar información sensible sobre particulares, incluso con la finalidad de contestar informaciones incorrectas, constituye una infracción de los principios del Estado de Derecho. García Ortiz argumentó en su defensa que actuaba para contrarrestar una "noticia falsa", pero el Tribunal Supremo rechazó esa justificación, aclarando que la ley no contempla excepciones para actuar en tales circunstancias si ello implica transgredir normas penales.

La resolución sitúa el caso de García Ortiz en el contexto de su gestión al frente de la Fiscalía General del Estado, momento en el que su administración enfrentó diversas polémicas asociadas a la utilización y tratamiento de datos reservados. Este episodio, según reportó Europa Press, reavivó el debate sobre la responsabilidad de altos cargos en la protección de información y la necesidad de que la respuesta institucional frente a la presión mediática respete el marco legal vigente.

Margarita Robles vinculó la legitimidad de la sentencia y la solidez institucional al acatamiento y reconocimiento de las decisiones judiciales por parte de los representantes públicos, enfatizando que el apoyo a la magistratura resulta imprescindible para garantizar la continuidad y estabilidad del Estado democrático. Según el medio Europa Press, la ministra reiteró en sus intervenciones ante la prensa su confianza en las funciones de los tribunales y realizó un llamamiento a la ciudadanía para que mantenga su fe en la justicia como resorte de protección de los derechos fundamentales.

A lo largo de esta situación, Robles insistió —según reflejó Europa Press— en que la autoridad de las resoluciones judiciales y el soporte institucional hacia la labor de los jueces constituyen elementos necesarios para el progreso y la estabilidad del sistema democrático, reforzando la obligación de todos los actores políticos y sociales de respetar el arbitraje de los tribunales y fortalecer la legitimidad institucional.