Madrid, 9 dic (EFECOM).- Un total de 632.369 contratos de alquiler finalizarán en 2026, lo que afecta a más de 1,6 millones de personas que podrían sufrir de media un incremento anual de 1.735 euros con la renovación, una cantidad que en Baleares llega hasta 4.615 euros, según el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.
Si se suma también a quienes potencialmente se les acabaría el contrato en 2027, el número de afectados roza los 2,7 millones de personas, teniendo en cuenta los datos recabados por dicho Ministerio a partir de la última Encuesta de Condiciones de Vida.
Para el conjunto de España, en un hogar con una renta mediana, se estima que la renovación del contrato de alquiler tendría un alza anual de 1.735 euros, tal y como avanzó el pasado 4 de diciembre el ministro del ramo Pablo Bustinduy, que apremió al PSOE para prorrogar los contratos de alquiler que van a expirar a lo largo de 2026 de forma prioritaria y urgente.
El impacto de estas renovaciones sería mayor en Baleares (4.615 euros), que lidera la clasificación seguida de la Comunidad Valenciana (2.686 euros); Canarias (2.267 euros) y Madrid (2.042 euros).
Por encima de los 1.000 euros también están Cantabria (1.969 euros); Andalucía (1.952 euros); La Rioja (1.408 euros); Castilla-La Mancha (1.131 euros); Asturias (1.087 euros) y Murcia (1.013 euros).
Se excluye de los cálculos a Cataluña por contar con zonas tensionadas que abarcan al 80 % de su población, así como al País Vasco y Navarra, dado que su situación no se recoge en el Panel de Hogares al tratarse de comunidades con régimen foral.
Por comunidades, el mayor número de contratos a expirar, y por ello de afectados, se da en Madrid (145.881 contratos y 404.090 personas); Cataluña (112.728 alquileres y 300.984 afectados); Andalucía (85.491 contratos y 213.728 personas); y Comunidad Valenciana (62.523 alquileres y 155.057 afectados), según los datos extraídos del Panel de Hogares elaborado por la Agencia Tributaria en colaboración con el INE y el Instituto de Estudios Fiscales.
Según Idealista, entre octubre de 2020 y octubre de 2025 el precio del alquiler se ha encarecido un 34,3 % de media y arrendar un piso de 80 m2 ha pasado a costar unos 1.160 euros/mes, 300 euros más.
Además, el 36,42 % de los hogares que viven en alquiler en España destina más del 30 % de la renta al pago y más de 2,5 millones de personas se encuentran en una situación de vulnerabilidad financiera.
En este contexto, Sumar insiste en una renovación automática de los contratos de alquiler que finalizan en los próximos meses con la única subida del IPC para proteger a los inquilinos de la escalada de los precios del alquiler mientras siguen a la espera de una respuesta de sus socios del PSOE. EFECOM
Últimas Noticias
Interior insiste en que Galicia pague el 50% de su Policía Adscrita y llama a firmar el acuerdo como hizo Andalucía
El Gobierno central reclama a la Xunta asumir la mitad del coste salarial de la policía autonómica, buscando igualar el modelo andaluz y avanzar en una financiación compartida que garantice la cobertura de víctimas y la viabilidad del servicio en Galicia
Feijóo volverá a Extremadura el viernes y dará un mitin central de campaña el sábado con Guardiola en Navalmoral
El presidente de Melilla niega que la apertura de la aduana con Marruecos "esté completada"
Juan José Imbroda denunció que las restricciones marroquíes a productos procedentes de Melilla persisten desde 2018, mientras el Gobierno español no concreta avances en la reapertura real del paso fronterizo, generando inquietud entre empresarios y residentes locales
El PSPV exige a Llorca que "ponga fin a un año de mentiras de todo el PP para proteger a Mazón" y le reclame el escaño
El partido socialista insta a que se exija a Mazón dejar su escaño, respaldado en nuevas pruebas que, según sostiene, desvelan una estrategia del PP para evitar su comparecencia ante la justicia por la tragedia de la dana en 2023
El PP presenta una reforma en el Congreso para que los ministros justifiquen las ausencias a las sesiones de control
Ante un contexto de críticas al Ejecutivo por no dar explicaciones sobre denuncias de acoso, una propuesta de la oposición busca exigir justificación estricta de faltas de miembros del gabinete a controles parlamentarios, reforzando mecanismos de fiscalización y transparencia
