Las Cortes instan al Gobierno a convocar el Pacto contra el Terrorismo yihadista, con el voto en contra del PSOE y Sumar

La proposición aprobada en las Cortes incorpora un llamado específico a la repatriación urgente de ciudadanos españoles que se encuentren en zonas afectadas por recientes actos de violencia vinculados a ataques yihadistas, así como el despliegue de unidades especiales para proteger infraestructuras sensibles. A partir de ese planteamiento, el Congreso y el Senado formalizaron la petición de reactivar la comisión de seguimiento del pacto de Estado contra el terrorismo yihadista y propusieron ampliar las medidas de seguridad y coordinación institucional frente a la amenaza extremista, según informó la fuente.

De acuerdo con la información recogida por el medio, la resolución promovida por Vox, y posteriormente modificada mediante enmiendas del Partido Popular, sumó respaldo suficiente en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, a pesar del rechazo explicitado por PSOE, Sumar y Bildu. El texto ratificado solicita al Ejecutivo que convoque de inmediato el foro de discusión y seguimiento vinculado al pacto de Estado, para actualizar los dispositivos de coordinación y cooperación entre las principales instituciones que intervienen en la lucha antiterrorista.

Según publicó el medio, la iniciativa establece como propósito prioritario la modernización y consolidación de los instrumentos compartidos entre administraciones públicas, grupos parlamentarios y servicios de seguridad especializados, con el objetivo de adaptar el análisis conjunto ante las nuevas formas de amenaza yihadista presentes en el contexto internacional y nacional. La propuesta reclama la actualización permanente de información y la cooperación leal entre todas las partes implicadas, tanto en prevención, respuesta como en investigación.

La resolución aprobada, según detalló el medio, no solo se centra en mecanismos internos de vigilancia y control, sino que exige al Gobierno la adopción de recomendaciones concretas, como la condena expresa a los recientes ataques atribuidos a Hamás y la censura de declaraciones, que según Vox, podrían haber supuesto una justificación de “acciones criminales” por parte de responsables públicos del Ejecutivo. Esta referencia fue debatida durante la sesión y quedó incluida en el documento final.

Entre los puntos específicos incorporados se encuentra el refuerzo de los dispositivos institucionales de seguridad tanto a nivel policial como militar, con instrucciones dirigidas a anticipar y prevenir ataques a través de mayor vigilancia y control sobre edificios, infraestructuras esenciales y centros identificados como potencialmente vulnerables. Según consignó el medio, el despliegue de unidades especiales figura entre las herramientas propuestas para asegurar estos objetivos, al igual que la permanencia de altos niveles de alerta sobre los mismos.

Además, la proposición registrada en las Cortes plantea la necesidad de intensificar la colaboración ciudadana como vía fundamental para prevenir y detectar situaciones de riesgo o de radicalización. En este sentido, las recomendaciones dirigidas al Gobierno incluyen la ampliación y mejora de los canales disponibles para que la población pueda denunciar hechos o comportamientos sospechosos, haciendo énfasis en la accesibilidad y efectividad de estos sistemas como complemento a la acción institucional.

Tal como reportó el medio, la protección de los españoles en el exterior y la garantía de repatriación inmediata para quienes se encuentren en situación vulnerable también fueron incluidas en la resolución, en respuesta a los escenarios planteados por la violencia yihadista reciente. El texto aprobado subraya la importancia de establecer mecanismos ágiles para responder a estas situaciones, asegurando la protección de ciudadanos tanto dentro como fuera del territorio nacional.

Durante el desarrollo de la sesión parlamentaria, los grupos que votaron en contra, especialmente PSOE, Sumar y Bildu, expusieron sus justificaciones, aunque la suma de apoyos de Vox y Partido Popular permitió la aprobación final de la iniciativa. La propuesta resultante coloca la intensificación de la respuesta institucional al terrorismo yihadista como un eje central de la estrategia de seguridad nacional.

El medio remarcó que, además de las acciones policiales y militares sugeridas, el texto otorga relevancia a la actualización de los análisis y estudios conjuntos sobre la amenaza, a fin de mantener informadas y coordinadas a todas las partes. Con la reactivación del órgano de coordinación vinculado al pacto de Estado, el Congreso y el Senado buscan restaurar un espacio para el intercambio ágil de información y para el seguimiento de las decisiones tomadas en materia de política antiterrorista.

Del mismo modo, el documento formaliza la petición de asegurar la cooperación efectiva entre los distintos cuerpos de seguridad, la administración pública y los servicios de inteligencia, bajo una estrategia común dirigida a anticipar e impedir cualquier tentativa violenta. Dentro de este marco, el texto insiste en la importancia de la participación social y en el mantenimiento de estructuras de diálogo y colaboración entre instituciones.

Por último, según la información proporcionada, la proposición no de ley busca consolidar una estrategia de acción múltiple, que abarque el fortalecimiento institucional, el aumento de la vigilancia, la protección de ciudadanos en riesgo y la modernización de las respuestas de seguridad ante el desafío planteado por el terrorismo de signo yihadista, todo ello bajo la supervisión y coordinación del órgano restablecido a instancias de la iniciativa aprobada en las Cortes.