El Supremo aprecia la "credibilidad" de la prensa pero ve insuficiente su testimonio para exonerar a García Ortiz

El Tribunal Supremo evaluó si la información reservada pierde tal condición cuando su contenido se publica por terceros o circula fuera de la institución responsable de su resguardo, y estableció que el deber de confidencialidad persiste incluso cuando estos datos ya son conocidos por la opinión pública o difundidos por otros actores. La principal noticia, reportada por Europa Press, radica en que los testimonios ofrecidos por periodistas sobre la obtención anticipada de un correo electrónico filtrado no bastan para exonerar al fiscal general Álvaro García Ortiz, quien fue declarado responsable por la filtración de información reservada.

Según consignó Europa Press, el caso se centró en la divulgación de un correo electrónico emitido el 2 de febrero de 2024 entre la Fiscalía y la defensa del empresario Alberto González Amador, en el contexto de una negociación jurídica. La filtración de ese mensaje llevó a que el Tribunal Supremo analizara no solo la procedencia del documento, sino también el alcance del secreto profesional periodístico y su impacto en la valoración de pruebas. Europa Press detalló que el fallo comprende 180 folios en los que la sala de enjuiciamiento profundizó sobre la constitucionalidad de la protección ofrecida a los periodistas respecto a la identidad de sus fuentes, evaluando la interacción de ese derecho con el deber institucional de proteger información sujeta a reserva.

Durante el proceso, varios periodistas, entre ellos José Precedo, de elDiario.es, declararon haber recibido el correo electrónico antes de que García Ortiz accediera a él. Estas declaraciones sostenían la ausencia de responsabilidad penal del fiscal general en el origen de la filtración, según comunicó Europa Press. Pese a este respaldo por parte de profesionales de la prensa, el tribunal determinó que los testimonios recogidos carecían de peso suficiente para modificar la lógica probatoria basada en la cadena de custodia del documento. El Supremo concluyó que el inicio del flujo informativo del correo electrónico se produjo en el círculo más cercano de la Fiscalía General del Estado, descartando la intervención de actores externos, de acuerdo con la información publicada por Europa Press.

El tribunal llevó a cabo una investigación minuciosa sobre el recorrido del correo electrónico, que finalmente llegó a manos de un periodista de la Cadena SER. El análisis judicial consideró que las pruebas acumuladas señalaban que solamente personas vinculadas directamente a la Fiscalía General podían haber accedido y facilitado la difusión inicial del mensaje confidencial. La sala estableció una distinción entre la conducta atribuida al fiscal general —quien permitió, según la sentencia, la circulación de información restringida— y la labor de la prensa, que en algunos casos optó por no publicar de forma íntegra el contenido del mensaje, en atención a criterios editoriales y a la protección de la identidad de sus fuentes.

El fallo subrayó la centralidad de la protección constitucional del secreto profesional de los periodistas. Europa Press recogió el fragmento de la sentencia donde se establece que esta garantía no se reduce únicamente al anonimato formal del informador, sino a cualquier circunstancia que pueda conducir, directa o indirectamente, a la identificación de la fuente. Citando textualmente el fallo: “Sería contrario a la Constitución obligar al periodista a revelar cualquiera de esas circunstancias, ni siquiera aunque el tribunal o quien interroga tuviese la razonable seguridad de que es inocua a efectos de llevar a la fuente (eso solo corresponde valorarlo al periodista); como a requerirle a mostrar sus comunicaciones”. En otro segmento reproducido por Europa Press, el tribunal advirtió que reclamar a los periodistas la identificación de sus fuentes puede desincentivar la circulación de información esencial para el funcionamiento democrático, en palabras del fallo: “quien cita sus fuentes, las seca”.

Pese a reconocer la verdad y relevancia de las declaraciones periodísticas y a valorar la transparencia que aportan sobre el funcionamiento de los procesos judiciales, el Supremo sostuvo, según reportó Europa Press, que este tipo de testimonios no alcanzan el estándar probatorio necesario para desplazar la responsabilidad penal adjudicada a García Ortiz. La resolución impuso al fiscal general la pena de dos años de inhabilitación para ejercer ese cargo, una multa de 7.200 euros y una indemnización de 10.000 euros a favor de Alberto González Amador por el menoscabo moral ocasionado por la revelación de datos reservados.

En cuanto a la actuación de los responsables de prensa, el tribunal evaluó los motivos editoriales y el respeto por la confidencialidad de las fuentes que llevaron a algunos medios a no reproducir de manera íntegra el contenido del correo. No obstante, según reiteró Europa Press, los magistrados apuntaron que estas consideraciones no alteran la exigencia específica de confidencialidad que recae sobre la Fiscalía, especialmente cuando se trata de asuntos catalogados como altamente sensibles o estratégicos dentro de procesos judiciales en curso.

La sentencia, según difundió Europa Press, explicó los criterios legales sobre la circulación de información confidencial y alertó sobre las consecuencias derivadas de conductas omisivas o imprudentes de quienes tienen acceso a documentos protegidos. El Supremo delimitó los márgenes de protección del secreto profesional periodístico y recalcó que la ponderación entre el derecho a la información de la ciudadanía y la discreción institucional debe inclinarse en favor de la preservación de la labor judicial y los derechos de las personas involucradas en los hechos.

El texto de la resolución reconoció la relevancia social del trabajo de los medios y su papel en el control y la fiscalización pública de asuntos significativos, tarea imprescindible para la vida democrática. Sin embargo, la sentencia advirtió que la legitimidad de la prensa y su función informativa no eximen de responsabilidad a los funcionarios públicos encargados de custodiar información reservada. La decisión judicial, según indicó Europa Press, clarificó que el deber de confidencialidad no se ve menguado ni por la difusión pública previa ni por la notoriedad de los hechos sometidos a escrutinio, y estableció criterios de responsabilidad que inciden directamente en la protección de los intereses jurídicos y en el funcionamiento transparente de la administración de justicia.