El PP citará a Paco Salazar en el Senado y denuncia que Sánchez es el presidente "más dañino" para las mujeres

El próximo testimonio de Francisco Salazar, exdirector financiero vinculado a una de las entidades bajo investigación en la Operación Delorme, ha captado la atención de la comisión del Senado, que lo citará para esclarecer procedimientos internos y prácticas relacionadas con las contrataciones públicas en cuestión. Esta comparecencia se inserta en un proceso de revisión institucional cuyo objetivo es identificar fallos estructurales y adoptar nuevas medidas que mejoren la protección integral de quienes denuncian irregularidades dentro de la administración pública, según informó el medio consultado. A raíz de la investigación en curso, legisladores y expertos han coincidido en la necesidad de un paquete legislativo que garantice tanto la seguridad como el anonimato de los empleados públicos que reportan prácticas ilícitas o el uso inadecuado de fondos estatales.

El medio de referencia detalló que el informe preliminar presentado ante la comisión ha subrayado como origen de muchos de estos problemas las limitaciones en los canales de transparencia interna y las deficiencias en los sistemas de control. Estas carencias dificultan la detección de anomalías y generan un ambiente de desconfianza y miedo entre los empleados públicos a la hora de presentar denuncias, alimentando el temor a represalias laborales o personales. Según publicó el medio, la investigación sobre la Operación Delorme ayudó a identificar estos puntos vulnerables dentro de la estructura administrativa, motivando la propuesta de auditorías externas y la supervisión independiente de los canales de denuncia como herramientas fundamentales para restaurar la confianza en los sistemas de control.

Las recomendaciones formuladas por asesores legislativos y técnicos externos a la comisión del Senado han hecho hincapié en la necesidad de instaurar protocolos que garanticen confidencialidad, anonimato y seguridad jurídica. De acuerdo a lo reportado por el medio consultado, entre las medidas propuestas destacan la implementación de nuevas herramientas tecnológicas orientadas a proteger la identidad de los denunciantes y la agilización de los procesos de reporte. Asimismo, se sugiere la incorporación de sanciones específicas para quienes intenten obstaculizar la denuncia, desacreditar a los informantes o iniciar acciones de represalia.

Durante las sesiones de la comisión, expertos apuntaron que el actual marco legal no resulta suficiente para resguardar a los trabajadores que deciden informar sobre incidencias o uso indebido de recursos públicos. Según consignó el medio consultado, esta percepción contribuye al mantenimiento de un entorno marcado por la inseguridad, que obstaculiza tanto la detección como la corrección temprana de las irregularidades al interior de la administración pública.

Parlamentarios presentes en las discusiones, como la portavoz popular Alicia García, llamaron la atención sobre la vulnerabilidad específica de las funcionarias públicas en ausencia de mecanismos de protección robustos. Durante su intervención, García afirmó: “las víctimas no merecen que el sanchismo tape y esconda este escándalo, merecen que se destape la verdad y que los responsables pidan perdón y paguen por ello”, según reprodujo el medio consultado. Este posicionamiento agrega presión en torno a la gestión que ha dado el Gobierno al tema, enfocando el debate en la exposición y riesgo personal al que se ven sometidos quienes reportan irregularidades.

Los asesores que participaron en la comisión señalaron que una estructura institucional eficaz debe incluir sistemas de alerta que respondan de forma inmediata y segura ante cualquier amenaza o represalia sobre los denunciantes. Además, destacaron la importancia de incrementar la cooperación entre diferentes organismos públicos, sindicatos y especialistas en derecho administrativo, con el objetivo de diseñar protocolos que garanticen la protección personal, pero que también promuevan la transparencia y la rendición de cuentas, según detalló el medio de referencia.

Se incluyeron propuestas para realizar auditorías externas en las áreas de contratación pública, establecer supervisión independiente de los canales habilitados para presentar denuncias y estandarizar los procesos de gestión y seguimiento de alertas, según confirmó el medio consultado. La meta principal de estas recomendaciones es dotar al sistema público de mecanismos eficaces para blindar la información personal de quienes alertan sobre irregularidades y prevenir cualquier forma de deterioro profesional o personal derivado de su actuación.

El análisis técnico presentado en las sesiones parlamentarias identificó el temor a represalias, tanto directas como indirectas, como uno de los factores principales que inhiben la denuncia de comportamientos ilícitos. Esta situación impacta de manera decisiva en la disposición de los empleados públicos a comunicar desviaciones en el ejercicio de sus funciones, según publicó el medio de referencia.

El enfoque del Senado, según reportó el medio consultado, apunta a articular un conjunto de reformas legales que no solo fortalezcan el resguardo de los denunciantes, sino que también contribuyan a restablecer la confianza institucional. Para ello, la comisión trabaja en un modelo que priorice la colaboración interinstitucional, priorice la protección de datos personales y provea recursos de respuesta rápida ante amenazas.

Dentro de la agenda de trabajo, se prevé la intervención de varios actores relevantes para revisar y sustentar las reformas planteadas. El testimonio de Salazar, según explicó el medio, se considera fundamental en el esclarecimiento de los procesos de contratación bajo investigación y podría aportar datos relevantes al rediseño legislativo. Este paquete de medidas aspira, según recoge el medio, a establecer un entorno institucional donde la integridad de los informantes, la eficiencia en la gestión de alertas y la transparencia coordinada permitan fortalecer el monitoreo del sector público y evitar el estancamiento de las denuncias motivadas por el miedo o la falta de respaldo.

El medio consultado enfatizó también que, para consolidar estas transformaciones, el Senado explora la inclusión de auditorías frecuentes y protocolos estandarizados en la administración pública, medidas dirigidas a prevenir eventuales intentos de encubrimiento y asegurar que las denuncias puedan canalizarse bajo condiciones de confidencialidad y protección adecuadas. El proceso de reforma sigue abierto y se apoya en el análisis técnico y las recomendaciones trasladadas por especialistas, representantes sindicales y personal técnico que integran las sesiones de la comisión.