Interior insiste en que Galicia pague el 50% de su Policía Adscrita y llama a firmar el acuerdo como hizo Andalucía

La especialización de la Unidad de Policía Adscrita en Galicia en la protección y prevención de la violencia machista aparece como un elemento determinante dentro de las actuales negociaciones entre administraciones. El Ministerio del Interior ha propuesto un nuevo modelo de financiación destinado a que la Xunta asuma el 50% de los costes salariales y operativos de la policía autonómica, replicando el sistema ya implantado en Andalucía. Según la información difundida por Europa Press, este planteamiento busca equilibrar la sostenibilidad financiera de la unidad policial y garantizar la cobertura de servicios esenciales, especialmente en la atención a víctimas de violencia de género.

El modelo vigente en Galicia se rige por un acuerdo bilateral de 2016, en el que el Estado financia el salario base de los 338 agentes desplegados en el territorio, y la Xunta se encarga de los complementos por productividad y otros gastos ordinarios del funcionamiento del cuerpo. De acuerdo con lo publicado por Europa Press, esta fórmula ha permitido delimitar competencias y establecer un esquema claro de distribución presupuestaria entre las instituciones implicadas. Sin embargo, el Ministerio del Interior busca ahora, tal como hizo con Andalucía y planea proponer en Aragón, modificar este sistema hacia una corresponsabilidad compartida al 50% en sueldos y recursos.

La administración gallega, cuya interlocución recae en Diego Calvo, ha dejado clara su disposición a cooperar solo de manera parcial en el marco de esta nueva propuesta. Europa Press detalla que la Xunta está dispuesta a asumir la mitad de los gastos exclusivamente sobre las futuras plazas que se creen, planteando en cambio una transición gradual para el personal ya existente. La Xunta justifica esta postura enfatizando la singularidad del cuerpo en materia de violencia de género, solicitando así que la adaptación al nuevo modelo no erosione la especialización ni la calidad de los servicios prestados hasta el momento.

Las funciones de la Unidad de Policía Adscrita en Galicia, de acuerdo con Europa Press, abarcan la asistencia a víctimas de violencia de género, la protección de menores, la seguridad de autoridades públicas, la vigilancia de infraestructuras y la protección medioambiental y patrimonial. Este abanico competencial, junto a la dedicación prioritaria a la atención de mujeres víctimas de violencia, constituye uno de los puntos clave del debate entre la administración autonómica y el Gobierno central en el proceso de negociación financiera y operativa del cuerpo.

Uno de los aspectos que ha generado mayor controversia, según ha recogido Europa Press, radica en la posibilidad de que, ante la falta de un acuerdo de financiación, la Xunta retire efectivos de las tareas de protección de víctimas por motivos presupuestarios. Esta hipótesis ha suscitado respuestas de distintos ámbitos institucionales, en especial del Ministerio de Igualdad, cuya titular, Ana Redondo, expresó a Europa Press su rechazo a que la prestación de estos servicios esenciales quede supeditada a acuerdos financieros, recordando la responsabilidad institucional de garantizar la atención y protección de las víctimas de violencia de género.

El Ministerio del Interior continúa defendiendo el modelo aplicado en Andalucía como un precedente válido, sustentado en la participación igualitaria de la Junta en el pago de salarios y en la gestión de los recursos logísticos para la policía adscrita. Según Europa Press, la aspiración del Gobierno central es establecer criterios homogéneos que permitan extender este reparto financiero y operativo a otras comunidades, con la doble finalidad de favorecer la estabilidad del servicio policial y facilitar una eventual ampliación de la plantilla en Galicia hasta los 500 agentes.

El acuerdo operativo que permanece vigente desde 2016 continúa como marco normativo y de colaboración entre la Dirección General de la Policía y las distintas consejerías de la Xunta encargadas de la unidad. Europa Press señala que los convenios y protocolos derivados de este marco detallan tanto las obligaciones y mecanismos de seguimiento de la labor policial como los procedimientos de valoración y control sobre la atención a colectivos especialmente vulnerables.

El proceso de diálogo entre ambas administraciones continúa abierto. Según describió Europa Press, las partes han reiterado su voluntad de avanzar hacia un nuevo acuerdo que mantenga el equilibrio entre sostenibilidad económica y prestación de servicios esenciales, con especial protección a las víctimas de violencia de género. Paralelamente, se mantienen iniciativas enfocadas a reforzar la profesionalización y la dotación de medios materiales y humanos de la policía adscrita, a fin de garantizar la seguridad y la atención a las demandas sociales en Galicia.

Las negociaciones del nuevo sistema de financiación y las diferencias sobre la transición planteada por la Xunta ponen de relieve la complejidad de establecer modelos homogéneos de gestión policial en el conjunto del territorio. Europa Press precisa que la administración autonómica insiste en que cualquier adaptación debe reflejar la singularidad del servicio en Galicia, mientras el Ministerio del Interior aboga por una cofinanciación igualitaria que refuerce la eficacia y la estabilidad del cuerpo y permita avanzar en su crecimiento futuro. El desarrollo de estos acuerdos marcará el futuro inmediato de la Unidad de Policía Adscrita en la comunidad gallega y su capacidad para seguir desempeñando las funciones atribuidas por la legislación vigente.