Una nueva base de datos recoge los bienes inmuebles confiscados en toda España por el franquismo

El Ayuntamiento de Caldes de Montbui recientemente presentó una demanda al Estado solicitando la restitución del patrimonio municipal que fue incautado en el pasado. Esta acción legal podría apoyarse en una innovadora base de datos desarrollada por el grupo de investigación ISOCAC (Historia, Sociedad, Política y Cultura desde Catalunya al Mundo) del Departamento de Historia e Historia del Arte de la Universitat Rovira i Virgili (URV) de Tarragona, que recoge de forma sistemática los bienes inmuebles confiscados por el franquismo en toda España tras la Guerra Civil. Según detalló la URV en un comunicado recogido por diferentes medios nacionales, la plataforma se encuentra vinculada al proyecto 'Bienes inmuebles expoliados, incautados y confiscados bajo la dictadura franquista en España (1936-1950)', respaldado por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.

La nueva herramienta digital, reportó la URV, permite consultas abiertas y filtraje selectivo de la información. Los usuarios podrán buscar propiedades decomisadas filtrando por municipio, la tipología de la incautación, los propietarios anteriores y el destino posterior de los bienes. Además, se incorporaron mapas interactivos que localizan los edificios y terrenos incautados en cada provincia y localidad, facilitando la visualización del alcance geográfico del proceso de confiscaciones.

De acuerdo con la información del comunicado, la base de datos toma como fuentes principales los documentos oficiales del periodo, como la ley de confiscaciones promulgada en 1939 y el libro de actas elaborado por el régimen entre 1940 y 1950. Este registro fue diseñado para anotar de manera sistemática los bienes quitados por motivos políticos a asociaciones, sindicatos y cooperativas a las que el franquismo clasificó dentro de la categoría de "carácter sindical marxista". Además, el equipo multiplica la robustez de la base a través del vaciado sistemático de estudios previos y bibliografía especializada.

El alcance del expolio, según consignó la URV, no se limitó a los inmuebles: se extendió también a recursos económicos y a otro tipo de activos materiales. El comunicado destaca que, en lugares como Catalunya, el decomiso masivo supuso la fragmentación de una red asociativa que había alcanzado especial desarrollo antes de la contienda, y cuya recuperación no se consolidó hasta bien entrada la década de los 90.

El proyecto, que está próximo a abrirse al público, podría tener una aplicación directa en iniciativas legales y demandas de restitución patrimonial, como la recientemente presentada por el Ayuntamiento de Caldes de Montbui. En este sentido, el recurso digital ofrece tanto una herramienta para la investigación histórica rigurosa como una base documental para reclamaciones administrativas y judiciales de ayuntamientos o personas afectadas por los expolios del régimen franquista.

El medio explicó que la base de datos intenta paliar la dispersión y falta de accesibilidad de la documentación sobre las confiscaciones. Al centralizar y digitalizar esta información, se facilita la consulta tanto a investigadores como a instituciones interesadas en el esclarecimiento y eventual reversión de los procesos de incautación que se produjeron entre 1936 y 1950. Este esfuerzo científico, financiado con fondos públicos a través del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, responde a una demanda creciente de acceso a fuentes históricas fiables para reconstruir procesos de represión y recuperación de la memoria colectiva.

Diferentes organismos públicos y particulares han mostrado interés en el potencial práctico de este nuevo instrumento, dada su capacidad para documentar con precisión los orígenes y destinos de numerosas propiedades, muchas de las cuales todavía forman parte del patrimonio municipal o han pasado a manos privadas en circunstancias excepcionales durante el franquismo. El equipo investigador de la URV subrayó, según publicó el comunicado, que la plataforma “puede servir de base para posibles reclamaciones”, dotando a los ayuntamientos y afectados de recursos sistematizados y evidencia documentada para fundamentar sus reclamaciones.

Así, la base de datos desarrollada por el grupo ISOCAC de la URV se consolida como un recurso de consulta multidisciplinaria que contribuye tanto al avance del conocimiento histórico como al despliegue de acciones legales encaminadas a la reparación patrimonial. La herramienta promete convertirse en un referente para la documentación sobre bienes confiscados durante el franquismo y se suma a los esfuerzos institucionales dirigidos a la recuperación de la memoria democrática en España.