Fiscalía pide celebrar el juicio contra la forense de Sevilla acusada de juzgar a víctimas de agresión sexual

El Ministerio Público sostiene que la especialista empleó valoraciones sobre la conducta y aspecto de presuntas víctimas, contribuyendo a su desprotección y malestar, y solicita tres años de cárcel y suspensión profesional por delitos contra la integridad moral

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El aplazamiento inicial del juicio, ocurrido en noviembre tras presentarse varias cuestiones procesales por parte de la defensa, llevó al tribunal a suspender la vista y revisar íntegramente la causa antes de fijar una nueva fecha, establecida para el 12 de junio. El abogado defensor, Jesús Escudero, informó que esta decisión respondía a la necesidad de analizar documentación relevante y resolver sobre la validez de las actuaciones practicadas, según consignó Europa Press. En su momento, Escudero argumentó que las garantías y formalismos en el procedimiento debían evaluarse antes de entrar al fondo del asunto, haciendo alusión al posible quebrantamiento del derecho al juez predeterminado por la ley y otras irregularidades en la instrucción.

La Fiscalía ha presentado un escrito al Juzgado de lo Penal número 4 de Sevilla solicitando continuar con el juicio contra la médico forense, afirmando que no existen elementos suficientes para declarar la nulidad del proceso ni para dictar sentencia absolutoria sin la realización de la vista oral, según detalló Europa Press y recogió también el Diario de Sevilla. El Ministerio Público sostiene que la acusada, especialista en medicina legal, incurrió en reiteradas valoraciones negativas sobre la conducta y el aspecto de presuntas víctimas de agresión sexual, lo que habría impactado gravemente en su bienestar psicológico.

De acuerdo con el informe fiscal, la forense emitía críticas sobre la forma de vestir o comportarse de las denunciantes, y llegaba a hacerles pensar que habían consentido de forma implícita el acto sexual. La acusación sostiene que esto hacía entender a las afectadas que su propio comportamiento podía haber provocado la agresión, lo cual reducía la credibilidad de sus testimonios y las hacía sentirse responsables tanto de los hechos denunciados como de las posibles repercusiones legales para los presuntos agresores y sus familias.

Según relató Europa Press, las víctimas manifestaron haber experimentado un profundo desasosiego y aumento de su malestar emocional durante las entrevistas, dada su situación de especial vulnerabilidad. En algunos casos, el impacto de estos comentarios, valorados por el Ministerio Público como juicios impropios, llevó a que algunas mujeres finalmente desistieran de formalizar la denuncia de los hechos por sentirse cuestionadas y menospreciadas por la forense, lo que, según la Fiscalía, contribuyó a su desprotección y falta de acceso a la justicia.

El Ministerio Público solicita para la acusada tres años de prisión, un año por cada uno de los tres delitos contra la integridad moral cometidos en el ejercicio de funciones públicas, así como tres años de inhabilitación para ocupar empleo o cargo público. De acuerdo con la acusación, la conducta de la forense vulneró los derechos de las víctimas al generar un ambiente hostil y desalentar el proceso de denuncia de posibles delitos sexuales, según se detalla en el escrito remitido al juzgado.

En declaraciones recogidas por Europa Press tras el primer aplazamiento del juicio, la forense defendió su actuación y negó cualquier conducta lesiva. Afirmó: “No le he hecho nada malo nunca a nadie y he tratado a todo el mundo con delicadeza”. Además, expresó su confianza en que no existen motivos para condenarla y afirmó que siempre obró de manera correcta y con rigor científico en el trato a las víctimas. Según sus palabras, nunca pronunció los comentarios juiciosos que se le atribuyen y manifestó su convencimiento de haber actuado correctamente bajo los principios de su profesión.

El proceso continuará con la audiencia señalada para el 12 de junio, fecha en la que el tribunal, tras analizar toda la documentación y resolver las cuestiones procesales planteadas, deberá determinar la validez de las actuaciones previas y, en su caso, proceder al examen de fondo sobre las acusaciones formuladas por la Fiscalía.