Fiscalía rechaza archivar el 'caso Montoro': "Son actuaciones graves de corrupción que no entienden de ideología"

Correos electrónicos obtenidos durante la instrucción permitieron identificar prácticas de corrupción que, según la Fiscalía Anticorrupción, no presentan componente político, sino que constituyen delitos graves cometidos en Tarragona relacionados con tratos irregulares desde el Ministerio de Hacienda en la etapa en que Cristóbal Montoro lo encabezaba. Conforme detalló Europa Press, la fiscal Carmen García Cerdá subrayó que las pruebas indican la existencia de pagos previos de empresas gasísticas al despacho Equipo Económico, situando este bufete en el centro de la presunta trama, y que dichos movimientos desembocaron en acciones administrativas beneficiosas para esas compañías.

Según informó Europa Press, la fiscal se opuso de manera explícita a las solicitudes de diversas defensas de los investigados que pedían archivar el conocido como 'caso Montoro', declarar la nulidad de las pesquisas o trasladar la instrucción de los juzgados de Tarragona a los de Madrid. En un escrito remitido al juez Rubén Rus, quien instruye el caso desde el Juzgado de Instrucción Número 2 de Tarragona, García Cerdá argumentó que las actuaciones bajo análisis no se inscriben en lógicas partidarias ni responden a una intencionalidad política: “lo que revelaban no eran hechos de marcado cariz político, sino actuaciones graves de corrupción realizadas desde Tarragona, que no entienden de ideología política alguna”.

El medio Europa Press apuntó que, con base en los informes entregados por los Mossos d’Esquadra y la Agencia Tributaria, Anticorrupción considera acreditada la posible existencia de una estructura organizada que facilitó pagos de empresas del sector del gas al despacho Equipo Económico. Estas transferencias, según la fiscal, se realizaban antes de las actuaciones administrativas que beneficiaban a las firmas implicadas, y la elaboración de impuestos se habría ajustado a las necesidades de estas empresas.

García Cerdá indicó en su escrito, según reportó Europa Press, que Equipo Económico no ejerció funciones de asesoría jurídica ordinaria. En cambio, los correos electrónicos que forman parte del expediente muestran que la documentación necesaria la preparaba la sociedad Ernst & Young y luego Equipo Económico utilizaba esa información para intervenir ante funcionarios de Hacienda, obteniendo remuneración por esas gestiones. La fiscal descartó además que no existieran pagos, comisiones o dádivas hacia funcionarios, ya que algunas de las transferencias desde Equipo Económico a empleados públicos involucrados se encuentran ya acreditadas en la instrucción.

En respaldo a las actuaciones judiciales, la fiscal de Anticorrupción elogió el proceder del juez instructor, frente a lo que definió como una “constante y casi unánime petición de todas las defensas” para declarar nulas todas las actuaciones, argumentando una supuesta indefensión sin concretar en qué consistiría. En relación con la jurisdicción, sostuvo que el desvío de fondos públicos investigado tuvo lugar principalmente en Cataluña y, de manera señalada, en Tarragona, lo que justifica la competencia de ese territorio para el caso. La fiscal además defendió la colaboración de los Mossos d’Esquadra como cuerpo de policía judicial, junto con la Guardia Civil, incluso cuando parte de las diligencias se efectuaron fuera de Cataluña, específicamente en Madrid, con vistas a requerir documentación a diferentes organismos públicos.

Durante la investigación, según Europa Press, la fiscal puntualizó que las diligencias se mantuvieron en todo momento dentro del marco de la ley, respetando tanto las normas procesales como los derechos de los acusados. García Cerdá remarcó que ni las metodologías utilizadas ni las actuaciones ejecutadas por los investigadores generan injerencias ni daños colaterales no justificados. A su vez, cuestionó el propósito de varias defensas, a quienes atribuyó el interés primordial de lograr la nulidad de las actuaciones, más que buscar esclarecer los hechos o practicar pruebas de descargo.

Sobre el tiempo que la causa permaneció bajo secreto, García Cerdá explicó, de acuerdo con Europa Press, que obedeció a la dificultad para recabar toda la información necesaria. Entre los obstáculos señaló los retrasos provocados por entidades bancarias que no atendieron de manera íntegra las peticiones de información respecto a las cuentas de los investigados. Para la fiscal, solo tras un exhaustivo esfuerzo probatorio y de análisis, el magistrado pudo levantar el secreto de las actuaciones, determinando en su resolución los episodios investigados y las personas presuntamente implicadas, basándose en materiales que, según la fiscal, los incriminan directamente.

En su valoración, la fiscalía sostuvo que existen pruebas suficientes para continuar con el procedimiento penal y que los delitos bajo estudio trascienden cualquier adscripción ideológica, constituyendo delitos de corrupción que afectan la administración pública y el uso de fondos públicos, conforme consigna Europa Press.