Carlos Lesmes coincide en la necesidad de reformar la Constitución para cambiar la designación del fiscal general

Las declaraciones pronunciadas por representantes destacados del ámbito jurídico español durante la presentación de un libro en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España pusieron de relieve la necesidad de modificar el método de designación del fiscal general del Estado y de los magistrados del Tribunal Constitucional. Según publicó el medio organizador del evento, la propuesta principal fue desvincular estos nombramientos del poder político y promover criterios de selección más imparciales, a través de una reforma constitucional que limite la influencia directa del Gobierno en tales decisiones.

Durante el acto celebrado en Madrid, Andrés Ollero, exmagistrado del Tribunal Constitucional y actual secretario general del Instituto de España, manifestó que ha llegado el momento de "arreglar esto", refiriéndose tanto al sistema para designar al fiscal general como a la elección de los miembros del alto tribunal. Ollero defendió la necesidad de emprender reformas "sin vetos", insistiendo en que el actual sistema no garantiza la imparcialidad debida y que resulta indispensable actualizar la normativa para garantizar la independencia de estos órganos. De acuerdo con lo reportado por el medio, Ollero reiteró que la revisión del modelo permitiría asegurar mayor garantía de imparcialidad y desconexión respecto al poder político.

Carlos Lesmes, expresidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), intervino en el acto para respaldar los planteamientos de Ollero y subrayar la urgencia de dicho cambio constitucional, tal como detalló el medio. Lesmes, actual magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, recordó que la Constitución vigente asigna la facultad de nombrar al fiscal general al Gobierno, circunstancia que conduce a que la designación recaiga siempre en personas del entorno de confianza del Ejecutivo de cada legislatura. Durante su intervención, Lesmes expresó: "La Constitución dice que lo nombra --al fiscal general-- el Gobierno, y si no se cambia la Constitución será siempre así. El Gobierno va a nombrar a personas que están en su entorno de confianza, lógicamente", reflejando así el diagnóstico compartido por gran parte de los asistentes respecto a la influencia gubernamental en este proceso.

El debate abordó no solo la figura del fiscal general sino también la designación de los magistrados del Tribunal Constitucional, subrayando la importancia que adquiere el principio de separación de poderes en el funcionamiento del sistema institucional. Benigno Pendás, presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España, y Juan Arana, catedrático de Filosofía de la Universidad de Sevilla, participaron en la mesa junto a Ollero y Lesmes, aportando sus perspectivas sobre los retos contemporáneos en materia de derecho y el papel que deben asumir las instituciones, según consignó el medio.

Lesmes también hizo referencia a aspectos desarrollados en el manual presentado por Ollero, donde se traza una distinción entre la responsabilidad política y la judicial. Aclaró que ambos conceptos deben mantenerse separados: la responsabilidad política debería poder ser exigida aún en ausencia de resolución judicial previa, enfatizando la independencia de los procedimientos y del ámbito de actuación de los tribunales. Este argumento fue acompañado de una defensa de la función de control judicial frente a los actos de los poderes públicos: "No hay poder público exento de control de legalidad y el control de legalidad en última instancia les corresponde a los tribunales", afirmó Lesmes según recogió el medio, subrayando la centralidad de los tribunales en la vigilancia del cumplimiento normativo por parte de las diferentes instituciones.

El debate evidenció un consenso entre los juristas y académicos asistentes acerca de la urgencia de introducir reformas que aseguren mayor neutralidad en los procesos de selección y limiten la posibilidad de injerencia política tanto en la Fiscalía General del Estado como en el Tribunal Constitucional. Según reportó el medio, la reflexión colectiva apuntó a la necesidad de preservar y fortalecer el principio de separación de poderes y a clarificar los ámbitos de responsabilidad en el sistema institucional español, para garantizar que los órganos más relevantes del orden constitucional puedan ejercer su labor de modo independiente respecto a los intereses de los distintos gobiernos.

Durante el encuentro, las exposiciones y argumentos sirvieron para poner en el centro del debate jurídico el funcionamiento actual del sistema de balances y controles institucionales, así como los riesgos derivados de la actual configuración de los mecanismos de designación. El acto, organizado en el contexto de la presentación del libro “¿Qué es el derecho?”, promovió así una discusión profunda sobre la adecuación de la arquitectura constitucional vigente a las necesidades de imparcialidad y eficacia de los órganos jurisdiccionales y de la Fiscalía. La relevancia de esta discusión quedó marcada en las intervenciones de todos los participantes, según reflejó el medio convocante del evento, que documentó el interés creciente en renovar los cauces institucionales para responder a los desafíos actuales del Estado de derecho en España.