Piden 2 y 9 años a dos acusados de amenazas e intento de homicidio al dueño de una empresa de desokupación en Toledo

Las investigaciones determinaron que, tras los hechos, el acusado J.R.V.R. fue detenido el 17 de septiembre de 2024 y que al día siguiente se ordenó su ingreso en prisión provisional, según el auto dictado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 8 de Illescas. Según informó Europa Press, el Ministerio Público reclama para los dos acusados penas de prisión por presuntas amenazas e intento de homicidio, en relación con un incidente ocurrido en Illescas (Toledo) en mayo de 2024 en contra del responsable y los empleados de una empresa dedicada a la gestión de desalojos de ocupaciones ilegales de viviendas.

El caso será abordado por la sección Segunda de la Audiencia Provincial de Toledo, que tiene previsto celebrar la vista oral el miércoles 3 de diciembre. El Ministerio Público solicita para W.L.H. dos años de prisión por un delito de amenazas. La acusación indica que podría sustituirse la pena íntegra de prisión por la expulsión del territorio español y la prohibición de regresar durante ocho años a partir de la fecha de expulsión. Para el acusado J.R.V.R., la Fiscalía reclama una pena de nueve años de prisión por intento de homicidio, permitiendo la sustitución parcial de la condena por expulsión con prohibición de retorno por un período de diez años, tras el cumplimiento efectivo de tres años de cárcel.

Según el escrito de acusación provisional, al que accedió Europa Press, el incidente se desencadenó a las 22:00 del 26 de mayo de 2024. En esa fecha, S.A.T.M., jefe de una empresa que realiza negociaciones para el desalojo de viviendas ocupadas ilegalmente, se presentó con varios empleados en una vivienda situada en la localidad toledana de Illescas. Una vez allí, relata la Fiscalía, una multitud de vecinos los enfrentó, increpándolos y lanzándoles amenazas con el objetivo de que desistieran de su intervención en el inmueble.

De acuerdo con el relato recogido por Europa Press, W.L.H. se dirigió hacia S.A.T.M. en una actitud descrita como desafiante, portando un cuchillo de grandes dimensiones. La Fiscalía indica que su propósito era generar temor e inquietud en el jefe de la empresa. En ese contexto, W.L.H. gritó: "Ahora vais a ver. Os vamos a matar", expresión que, según la acusación, refuerza la imputación por amenazas, aunque S.A.T.M. logró controlar físicamente al acusado sin que se produjeran lesiones.

En los minutos siguientes, prosigue Europa Press en su reporte, J.R.V.R. presuntamente efectuó disparos con un arma de fuego en dirección a S.A.T.M. y a los empleados A.B.J. y C.M.G.P., llegando a disparar hasta nueve veces. Los disparos no alcanzaron a ninguno de ellos. La investigación reveló la presencia de siete vainas percutidas de calibre nueve milímetros, cinco proyectiles detonados y seis impactos de bala en la fachada del edificio donde se produjo el incidente.

La acusación detalla que, tras la detención de J.R.V.R., se solicitó prisión provisional como medida cautelar. Además, el fiscal considera que la gravedad de las acciones atribuidas justifica la solicitud de condenas de prisión, pero también se contempla la posibilidad de sustitución por expulsión, según la magnitud de la participación de cada acusado en los hechos.

A lo largo del proceso judicial, la Fiscalía argumenta que la presencia de armas blancas y de fuego en el incidente, junto a las amenazas proferidas, constituye una base suficiente para considerar la existencia de riesgo para la vida e integridad de los afectados. Europa Press recuerda que el Ministerio Público destaca la contundencia en la reacción de los acusados ante la presencia de los trabajadores de la empresa, enfocada en desalojar ocupaciones ilegales.

Europa Press informó que la acusación insiste en la intencionalidad tanto en las amenazas como en los disparos. En declaraciones atribuidas al escrito de la Fiscalía, se subraya la finalidad de causar temor y, en el caso del uso del arma de fuego, la intención directa de causar la muerte, lo que fundamenta la calificación jurídica solicitada para cada acusado.

El proceso judicial previsto en Toledo se enmarca en el incremento de conflictos asociados al fenómeno de la ocupación ilegal de viviendas y las empresas dedicadas a desalojar esas propiedades. La Fiscalía solicita que se cumplan las penas propuestas según el grado de participación y la gravedad de los hechos atribuidos, manteniendo abiertas las posibilidades legales de sustitución de las penas privativas de libertad por expulsión y restricciones de retorno, en función de los antecedentes y las circunstancias individuales de los acusados, conforme a lo expuesto por Europa Press.