Madrid, 27 nov (EFE).- La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI) han expresado su "profunda preocupación por el descrédito que suponen" algunas declaraciones de políticos, algunos de ellos miembros del Gobierno, sobre la condena al fiscal general, Álvaro García Ortiz, y piden "respeto institucional".
Ambas asociaciones han emitido este jueves un comunicado conjunto sobre la recientes manifestaciones tras la sentencia del Tribunal Supremo que condena a dos años de inhabilitación a Álvaro García Ortiz por revelación de secretos al filtrar datos de la causa seguida por supuesto delito fiscal contra el empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso.
Señalan que "declaraciones realizadas por distintos responsables políticos, incluidos miembros del Gobierno", suponen un descrédito para la judicatura y "un ataque directo a la independencia judicial y a la separación de poderes, principios esenciales del Estado de derecho".
Por ello apelan "a la responsabilidad institucional de todos los poderes públicos y en especial de quienes integran el Gobierno para que contribuyan al clima de respeto que la ciudadanía exige y que la Constitución garantiza".
"Cuestionar sin fundamento la labor de los jueces solo incrementa la desconfianza y agrava la división", añaden ambas asociaciones, que recalcan que "preservar la confianza en la justicia es una obligación democrática de primer orden".
Advierten de que "cuestionar la imparcialidad de los jueces o insinuar motivaciones políticas en la actuación de los tribunales alimenta un relato falso y muy dañino, el de que las resoluciones judiciales responden a afinidades ideológicas y no al análisis riguroso de los hechos y del derecho aplicable".
"De igual forma hablar de etiquetas para referirse a los jueces evidencia un claro desconocimiento de cómo funciona la justicia en España", comentan.
Y aseguran que "las decisiones judiciales no se adoptan en función de afinidades políticas sino que los jueces resuelven conforme a derecho sometidos exclusivamente al imperio de la ley como establece la Constitución".
"La existencia de votos particulares en las resoluciones judiciales es una muestra de la discrepancia jurídica y la riqueza técnica del sistema no de una visión ideológica y forma parte de la normalidad de cualquier órgano colegiado independiente", aclaran.
Y explican que "la resoluciones judiciales, incluidas las dictadas por el Tribunal Supremo, cuentan con garantías procesales suficientes y con vías legales de revisión".
"En este contexto corresponde a los responsables públicos ser especialmente cuidadosos a la hora de hablar de decisiones judiciales pues la crítica jurídica forma parte del debate democrático pero el descrédito institucional no", manifiestan.
AJFV y FJI mantienen que "las insinuaciones de parcialidad o descalificaciones generalizadas procedentes de cargos públicos generan una presión inaceptable sobre la función jurisdiccional y ponen en riesgo la separación de poderes".
Y recuerdan que "la independencia judicial no es un privilegio de los jueces sino una garantía para el ciudadano". EFE

