Unas 700 personas convocadas por Falange marchan en Madrid contra el régimen "genocida" del 78

A pocos metros de la sede nacional del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), la marcha organizada por Falange coincidió con la conmemoración del medio siglo del fallecimiento de Francisco Franco y despertó la atención por la presencia de simbología franquista, discursos reivindicativos y un fuerte dispositivo policial. De acuerdo con lo publicado por la fuente, la manifestación se realizó tras una resolución judicial que permitió la convocatoria pese a la oposición inicial de la Delegación del Gobierno, lo que situó el evento en el centro del debate sobre las restricciones legales al derecho de reunión, la memoria histórica y la seguridad ciudadana.

Según reportó la Delegación del Gobierno en Madrid y consignó la fuente, unas setecientas personas participaron en la protesta impulsada por la Falange, que tuvo lugar el viernes posterior al 20 de noviembre. El fallo favorable al desarrollo de la marcha fue resultado de un recurso de Falange ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que revocó la prohibición original aplicada por la Delegación, la cual arguyó motivos de seguridad respaldados por la Jefatura Superior de Policía. Los argumentos oficiales citaban el significado político y mediático de la zona de la calle Ferraz, donde se ubica la sede federal del PSOE, así como la repetición de manifestaciones en ese enclave.

El lema escogido, “Contra el genocidio del 78: en defensa de nuestra nación y de nuestro pueblo”, remite explícitamente al proceso de transición que llevó a la aprobación de la Constitución de 1978. La manifestación comenzó a las 21:00 en las inmediaciones de la calle Génova, 24, junto a la sede central del Partido Popular, y se desplazó por una serie de calles emblemáticas de Madrid: Sagasta, Carranza, Alberto Aguilera y Marqués de Urquijo, finalizando cerca de Ferraz, según detalló el medio consultado. El transcurso del evento incluyó saludos de estilo fascista, despliegue de banderas preconstitucionales y la entonación de consignas en homenaje a José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange.

Durante la movilización, las proclamas incluían mensajes como “esta es la juventud de España”, “patria, justicia y revolución”, “Arriba España” y “unidad nacional”. Al avanzar el recorrido y acercarse a la sede socialista, se corearon frases ofensivas contra representantes y símbolos del PSOE, incluyendo expresiones denigrantes dirigidas a la organización y al presidente Pedro Sánchez. Según indicaron cronistas de la fuente, la marcha exhibió elementos simbólicos asociados al franquismo que suelen ser sujeto de debate y polémica en el contexto español actual.

La organización de la manifestación difundió en la red social ‘X’ (antes Twitter) la convocatoria oficial, donde se mencionaba el homenaje a víctimas diversas como “las de la dana; las de la gestión sanitaria; las de la violencia inmigrante; las del terrorismo; las del aborto y la eutanasia, y las víctimas en accidentes de trabajo”. La fecha elegida, próxima al aniversario de la muerte de Franco —ocurrida el 20 de noviembre de 1975—, enfatizó todavía más la carga simbólica y emocional del encuentro, según detalló el medio.

La decisión de prohibir la marcha, adoptada inicialmente por la Delegación del Gobierno, se apoyó en un informe policial que alertaba sobre la sensibilidad del lugar, su exposición mediática y la constante celebración de concentraciones ideológicas en la zona. Ese documento también refería la posibilidad de que el enclave atrajera a grupos con agendas distintas, aumentando el riesgo de incidentes, y sugería una “mayor vulnerabilidad” de la sede socialista ante posibles altercados.

El TSJM valoró el recurso de Falange y concluyó que impedir la manifestación únicamente con base en un escenario “futuro e incierto” carecía de fundamento legal suficiente. Según enfatizó la resolución reproducida por la fuente, “esas conjeturas no constituyen razones fundadas para restringir el derecho de reunión según la ley y la jurisprudencia”. La sentencia recordó que la intervención de la autoridad puede producirse cuando ocurran infracciones, pero no justifica anticipadamente una prohibición a la convocatoria. Tal como publicó el medio, la resolución del tribunal insistió en que la protección y vigilancia de actos públicos debe articularse según se desarrollen los hechos, y solo indicios ciertos y fundados permitirían medidas preventivas restrictivas.

En la cobertura del evento, la fuente describió que el operativo policial implementado durante la manifestación incluyó un seguimiento exhaustivo del desarrollo de la protesta, garantizando la ausencia de incidentes graves especialmente en la zona de Ferraz. Los efectivos desplegados respondieron al potencial de conflicto detectado por la Jefatura Superior de Policía y citado por la Delegación en sus alegatos previos; sin embargo, no se documentaron enfrentamientos reseñables ni se produjeron detenciones relevantes durante la concentración, de acuerdo con la información proporcionada por la propia Delegación del Gobierno en Madrid.

La manifestación del aniversario de la muerte de Franco reactivó la discusión sobre los límites y garantías del derecho de manifestación en España, tema que ha sido objeto de jurisprudencia reiterada y cuestionamientos sociales, especialmente en el entorno de fechas históricas y emplazamientos sensibles para la memoria democrática. Según analizó la fuente, la confrontación de posturas entre los responsables gubernamentales y el órgano judicial reflejó la complejidad de armonizar derechos fundamentales y exigencias de seguridad pública, tanto en el centro de la capital como en otros enclaves administrativos y políticos del país.

Los análisis recogidos en el reportaje sugieren que la reiteración de protestas en puntos neurálgicos de Madrid, el uso de simbología vinculada a etapas anteriores de la historia reciente y la presencia de consignas rupturistas generan tensiones adicionales en el debate sobre la representación política y la protección del espacio público. Según el informe policial citado, el valor simbólico de la calle Ferraz, sumado a la cobertura mediática y al precedente de incidentes menores en manifestaciones anteriores, justificaban la necesidad de establecer protocolos extraordinarios de vigilancia aunque no se materializaran altercados en esta ocasión.

El evento se inscribió dentro de una serie de acciones desarrolladas en fechas cercanas al aniversario de la transición democrática, en las que distintos grupos políticos, sociales y ciudadanos expresan posturas divergentes respecto al pasado, la interpretación de la historia reciente y el actual marco constitucional. Según recopiló la fuente, la activación del dispositivo policial y el seguimiento judicial del caso han alimentado el debate público sobre la proporcionalidad de las medidas disuasorias, el alcance de la libertad de expresión en el espacio público y el papel de los tribunales en el control de decisiones administrativas relacionadas con la seguridad y el orden público.

En el contexto de la manifestación, la fuente remarcó que la confluencia de fechas memoriales, la presencia de símbolos asociados al franquismo y la localización del recorrido incrementaron el interés mediático y ciudadano por el acto, generando reacciones en diferentes ámbitos de la sociedad madrileña. Así, el análisis de la jornada incluye la revisión de resoluciones anteriores de los tribunales, el peso de la memoria democrática y la evaluación de la actuación de las autoridades encargadas de garantizar la seguridad y el respeto a los derechos fundamentales de reunión y manifestación.