El TSJ de Madrid avala a un sargento de la Guardia Civil que quiere compatibilizar el servicio con una actividad privada

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid ha anulado una resolución del Ministerio del Interior que impedía a un sargento de la Guardia Civil compatibilizar su servicio con una actividad privada de consultoría informática, al sostener que el Complemento Específico (CES) no puede calcularse de forma expansiva para denegar estas solicitudes.

La sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, con fecha de 30 de octubre y a la que ha tenido acceso Europa Press, se remite a la doctrina del Tribunal Supremo para reconocer el derecho del agente a desarrollar su actividad privada sin renunciar a su salario.

El TSJ le ha dado la razón al sargento, frente al criterio del Ministerio del Interior, al entender que puede "compatibilizar su función de Guardia Civil con el ejercicio de la actividad de consultoría y asesoría informática por cuenta propia, con estricto cumplimiento de las funciones de su puesto, respeto al horario asignado y sin que pueda actuar en asuntos relacionados o que se refieran a las actividades que desarrolle el Cuerpo de la Guardia Civil".

"La sentencia aporta claridad donde antes había confusión, a partir de ahora es mucho más difícil que el CES se utilice de forma incorrecta para restringir oportunidades profesionales", ha explicado Fran Peláez, abogado de PenalTech y responsable de la asesoría jurídica de la Asociación Pro Guardia Civil (APROGC).

Esta asociación destaca que el fallo tiene un impacto directo para miles de guardias civiles que, fuera de su horario de servicio, desean ejercer actividades privadas "plenamente compatibles con su función".

El conflicto surgió a partir de la interpretación que hizo la Subsecretaría del Ministerio del Interior sobre el CES, una retribución complementaria destinada a compensar las características concretas del puesto de trabajo. Interior utilizó el CES completo, incluyendo componentes no ligados a la responsabilidad real del destino.

De esta forma, el Ministerio concluyó en su resolución que el agente superaba el límite del 30% que fija la ley para autorizar compatibilidades y, sobre esta base, exigió al guardia civil renunciar a parte de su retribución.