Aplazado a 2027 el juicio a acusado de tirar galgos a río Guadaíra (Sevilla) por incomparecencia de testigos

El juicio previsto para este martes, 18 de noviembre, en el Juzgado de lo Penal número 8 de Sevilla contra un hombre acusado de meter a sus tres galgos en sacos y tirarlos al río Guadaíra con la intención de ahogarlos ha sido aplazado por la incomparecencia de algunos testigos, en una causa en la que el presunto autor de los hechos se enfrenta a una petición de 4 años de prisión y 12 de inhabilitación.

Así lo han señalado a Europa Press fuentes de la acusación popular, que cuenta con la participación del Partido Animalista Pacma y de las asociaciones el Amparo del Sur, Galgos del Sur y SOS Galgos. Asimismo, han enmarcado que la ausencia se ha debido a un fallo en la notificación: el juzgado había firmado las citaciones, pero no las envió, por lo que los testigos no habían sido informados de la celebración del juicio. De esta forma, la vista se ha aplazado hasta el 9 de junio de 2027, siete años después de que ocurrieran los hechos, en junio de 2020.

Por su parte, según ha expresado la acusación, el juzgado ha justificado la incidencia en el exceso de trabajo, la falta de personal y de medios, así como la acumulación de procedimientos, factores que impidieron que las citaciones fueran enviadas correctamente.

Asimismo, las mencionadas fuentes han enmarcado su "indignación" en la demora de la vista, que se celebrará siete años después de los hechos. Además, han resaltado que, a su juicio, esta situación refleja las consecuencias de la falta de medios, el mal funcionamiento del sistema judicial y la acumulación de trabajo en los juzgados, evidenciando cómo un procedimiento puede permanecer estancado durante años en el sistema penal.

De igual forma, han querido subrayar el "valor" de las acusaciones populares, que "juegan un papel esencial para garantizar que delitos como el maltrato animal no queden impunes", especialmente ante las "deficiencias y retrasos del sistema judicial", por lo que han instado al Gobierno central a mantener esta figura en el proceso penal.

Los hechos se remontan junio de 2020, momento en el que el acusado, mayor de edad y propietario de los animales, se habría dirigido a la pasarela de hormigón que cruza el cauce del río Guadaíra, en el paraje Gil Gómez, metiendo a los tres perros en sacos separados que, posteriormente, cerraría y tiraría al agua con la intención de ahogarlos.

Un testigo que pasaba por el lugar vio dos sacos en el río y los sacó del mismo, comprobando que cada uno de ellos contenía un galgo. Así, pudo rescatar a uno de los perros con vida.

Tras recibir un aviso, dos agentes pertenecientes a la Patrulla del Seprona de Carmona acudieron al lugar de los hechos, donde rescataron un tercer saco con otro animal en su interior. De esta forma, se constató que dos de los galgos habían fallecido, mientras que el tercero de ellos presentaba una herida por corte y contusión en el cráneo con sangrado.

El tercero de los galgos, Gaby, fue rescatado con vida, con el hocico atado con cuerdas y en estado de deshidratación, además de tener garrapatas, inflamación en la zona superior del cráneo y herida por rozadura en el miembro posterior izquierdo por encima del torso, tal y como recoge el escrito de acusación.

De los hechos fueron testigos de igual forma otras dos personas, una de ellas, perteneciente a la Asociación protectora de animales 'El Amparo del Sur', se hizo cargo del perro rescatado con vida, asumiendo los gastos de los cuidados, que ascendieron a 739,73 euros derivados de la consulta veterinaria, radiografía y hospitalización. Asimismo, la protectora ha asumido desde el momento del incidente los gastos de alimentación y cuidado del galgo.

Por todo ello, la acusación ejercida por Pacma pide para el varón por los dos perros fallecidos tres años de prisión y ocho de inhabilitación por delito de maltrato animal con ensañamiento al "usar para causar la muerte un método tan cruel como lo es el ahogamiento, con resultado de muerte".

Por su parte, para el tercer perro, el único con vida, solicita 12 meses de prisión y 4 de inhabilitación por un delito de maltrato animal con ensañamiento con resultado de lesiones. Asimismo, el escrito no contempla circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.

Además, piden que el acusado indemnice a la Asociación protectora de animales con los gastos ocasionados por la atención prestada al último animal.

El procedimiento cuenta con la participación como acusación popular del Partido Animalista Pacma y de las asociaciones el Amparo del Sur, Galgos del Sur y SOS Galgos.