Aplazada al 17 de noviembre la declaración de Leire Díez por sus maniobras para obtener información sensible

El juez que investiga a la ex militante socialista Leire Díez por sus presuntas maniobras para obtener información sensible de jueces, fiscales y guardias civiles ha aplazado del 11 al 17 de noviembre su declaración como imputada, a la espera de que uno de los denunciantes, el fiscal Ignacio Stampa, aporte la documentación que en su comparecencia judicial del pasado miércoles se comprometió a entregar.

Así consta en una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, donde el titular del Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid, Arturo Zamarriego, aplaza las declaraciones de Díez y los demás investigados en la causa --el periodista Pere Rusiñol y el empresario Javier Pérez Dolset-- a las 11.30 horas del próximo 17 de noviembre.

Zamarriego explica que la razón es que aún no ha recibido la documentación comprometida por Stampa, incluida la grabación de la reunión que el fiscal asegura que mantuvo el pasado 7 de mayo con Díez, de unas tres horas de duración, según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press. El instructor señala que quiere reproducir los audios señalados por el que fuera fiscal del 'caso Villarejo' ante los investigados y demás partes antes de comenzar con los interrogatorios.

No obstante, se mantienen las declaraciones fijadas para ese mismo 11 de noviembre de varios testigos: ocho periodistas y el abogado Jacobo Teijelo. Por ello, Zamarriego reclama a Stampa que entregue el material anunciado antes de ese día, al considerarlo de "interés" para las pesquisas.

El juez investiga a Díez como presunta cabecilla de una "actuación delictiva, continuada y coordinada" con Pérez Dolset y Rusiñol para "recabar información comprometida o irregular de los mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de la Fiscalía Anticorrupción" con el fin de "anular o malbaratar" sus investigaciones en "casos relevantes que afectan a políticos y empresarios", lo que constituiría tráfico de influencias y cohecho.

Las pesquisas parten de varias denuncias contra la ex militante socialista después de que se diera a conocer un audio, grabado en el despacho de Teijelo, donde se la escucha ofrecer favores a Alejandro Hamlym --empresario investigado en la Audiencia Nacional por una presunta trama de fraude en el sector de los hidrocarburos-- a cambio de información sensible.

EN NOMBRE DE "ALTAS INSTANCIAS DEL ESTADO"

Además, el juez acabó incorporando las denuncias presentadas por Stampa y el fiscal anticorrupción José Grinda, que denunciaron un presunto intento de soborno por parte de los investigados. Ambos testificaron el pasado 5 de noviembre ante Zamarriego para ratificar sus denuncias, de acuerdo con las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press.

En el caso de Stampa, contó en su denuncia que en la reunión con Díez y Pérez Dolset le pidieron información sobre supuestas "las irregularidades en informes policiales y de los fiscales anticorrupción" a las que ellos achacaban el inicio de causas como la que se dirige contra Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez. De hecho, indicó que le dieron a entender que el presidente del Gobierno "había dado la orden de limpiar, sin límite" al estallar el caso contra su esposa. A cambio le habrían ofrecido ayuda en sus problemas con el Ministerio de Justicia por su salida de Anticorrupción.

En la misma línea, Grinda denunció que se reunió con Rusiñol el pasado 27 de febrero porque era un "amigo" que le había pedido verse pero que le transmitió una oferta de soborno de parte de Díez para que le contara supuestas irregularidades del jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, a cambio de un destino en el extranjero y de neutralizar una demanda en su contra.

El pasado miércoles también testificó el comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba --investigado en la Audiencia Nacional por el 'caso Koldo'--, que declaró que Díez también se reunió con él y le comentó que habría una purga en la Benemérita pero que él sería recompensado si les daba información sobre el cuerpo.

El fiscal del 'caso Leire Díez', Juan Pablo Nieto, indicó en un recurso que es "fundamental" la "singularidad de que estas presuntas ofertas de soborno tienen como fuerza principal, que les da credibilidad, la supuesta apariencia que ha conseguido crear la señora Leire Díez, de que ella habla en nombre de altas instancias del Estado".

A su entender, es "evidente" que la conexión entre los denunciados --Díez, Pérez Dolset y Rusiñol-- trata presuntamente de "manipular pleitos heterogéneos que unas veces afectan a políticos y otras a empresarios, pero los tres colaborarían en un plan delictivo unidos por la coincidencia y necesidad de denigrar a las dos instituciones mencionadas", en referencia a la UCO y Anticorrupción.