La Fiscalía Anticorrupción ha señalado que los primeros pasos del 'caso Montoro' fueron ajustados "a derecho", respaldando tanto la resolución con la que se abrió la investigación como la que aportaba correos electrónicos clave que habían sido incautados al registrar, en otra causa distinta, la sede de una de las empresas investigadas.
En un escrito remitido al juez instructor y al que ha tenido acceso Europa Press, la fiscal Carmen García Cerdá reclama que se rechace el recurso de Equipo Económico, el despacho epicentro de la presunta trama de favores fiscales a empresas, sobre todo gasísticas, cuando Cristóbal Montoro era ministro de Hacienda.
Equipo Económico pidió a la Audiencia Provincial de Tarragona que revoque y deje sin efecto los autos que dieron lugar a la creación del caso, entre ellos las entradas y registros en los que se localizaron de forma "casual" una serie de correos que apuntaban al despacho.
La fiscal considera que esos dos autos, dictados en el verano de 2018 en "procedimientos distintos", "son ajustados a derecho, no procediendo la declaración de su nulidad ni tampoco la declaración de la nulidad de la aprehensión de los correos aportados".
Uno de los correos intervenidos fue el de Rubén Folgado, director técnico de Messer, a Karl Hauck --director general-- el 5 de diciembre de 2013, donde aseguraba que, para conseguir lo que pretendían, "la vía más directa, como siempre, es pagar a Equipo Económico, que tiene contacto directo con el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro".
"TINTES DE DELITO"
Sobre el auto relacionado con esos correos, de julio de 2018, la fiscal señala que "respeta escrupulosamente lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que la información obtenida en un procedimiento distinto y los descubrimientos casuales tengan validez", reforzando "el tratamiento que debía darse al nuevo elemento probatorio descubierto".
"Entrando en la legitimidad o no legitimidad de la injerencia, debemos concluir que sí que fue legítima", apunta, para añadir que el juez instructor de la otra causa "fundamentó en su auto de noviembre de 2017 la necesidad de la medida atendiendo además a otros principios como la trascendencia social de los hechos, la oportunidad, la idoneidad y su proporcionalidad".
Para la fiscal, el volcado de las cuentas de correo "cumplió el mandato del magistrado instructor y por tanto la incautación de los correos respecto de los que se deduce posterior testimonio sí que estaba autorizada, ya que obedecía los fines perseguidos al adoptar la medida de investigación". "La relevancia en la investigación lo evidencia que el magistrado acordó la deducción de testimonio, no su desglose de la causa", agrega.
Y respecto al auto por el que se acordó, en agosto de 2018, la apertura de diligencias para investigar el "hallazgo casual", también lo ve "ajustado a derecho", al "evidenciar la existencia de unos hechos que inicialmente no guardaban relación con los investigados en el procedimiento donde apareció y con tintes de delito, como así se ha constatado".
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