La Xunta urge el rescate de la AP-9 y reprocha al PSOE una "diferente posición" en Galicia y en Madrid

María Martínez Allegue, consejera de Vivienda y Planificación de Infraestructuras de la Xunta de Galicia, subrayó la exigencia al Gobierno central para que rescate la autopista AP-9, recordando la existencia de informes oficiales ya remitidos al Ministerio correspondiente. Sus declaraciones se produjeron al responder sobre la reciente resolución del Tribunal Supremo que ordena a la concesionaria Audasa reembolsar los peajes percibidos en el tramo del puente de Rande durante los períodos de obras, calificados por la Justicia como "abusivos". Según detalló el medio Europa Press, la responsable autonómica insistió en la necesidad de actuar rápidamente tras el fallo judicial, reclamando una intervención inmediata del Ejecutivo.

Al ser interrogada durante un evento público en la ciudad de A Coruña, Martínez Allegue manifestó su preocupación respecto a lo que considera una actitud diferenciada del Partido Socialista en función del territorio donde se toman las decisiones. Según publicó Europa Press, en la Comunidad de Galicia, el PSOE ha respaldado en ocasiones la petición unánime de transferencia y gratuidad de la AP-9, pero, según la consejera, este respaldo se desvanece en Madrid, donde el grupo socialista introduce enmiendas que obstaculizan dicha gratuidad. Esta postura, señaló Martínez Allegue, limita el desarrollo económico gallego y perpetúa la situación derivada de unos peajes que ahora la Justicia ha calificado como indebidos.

La sentencia del Tribunal Supremo representa un giro relevante en el largo debate sobre el coste del peaje en el puente de Rande, tramo emblemático de la AP-9. De acuerdo con Europa Press, el tribunal determinó que Audasa, la operadora de la autopista, deberá restituir los importes cobrados por los peajes aplicados mientras se realizaron obras en la infraestructura. El fallo se apoya en el carácter "abusivo" de dichos importes, puesto que los usuarios no disponían de las condiciones habituales de servicio debido a las restricciones durante los trabajos de mejora.

La Xunta de Galicia mantiene como prioridad lograr la gratuidad de la principal autopista gallega. Europa Press consignó que las autoridades autonómicas han remitido sucesivos informes al Gobierno central para respaldar su demanda, sosteniendo que la eliminación de peajes favorecería la economía regional y corregiría lo que consideran un agravio en comparación con otras comunidades. La reciente intervención judicial refuerza la postura de la Xunta, que advierte de que la actitud del Ejecutivo estatal beneficia a la concesionaria en vez del interés general de la población.

Durante su comparecencia, la consejera de Infraestructuras criticó la "falta de sensibilidad" del Gobierno central. Según relató Europa Press, subrayó que el Ejecutivo "prima los intereses de la concesionaria", haciendo referencia a Audasa, empresa de titularidad privada encargada de la gestión de la AP-9 desde hace décadas. Martínez Allegue reiteró que la Xunta persistirá en sus reivindicaciones e insistió en que la resolución del Supremo confirma los argumentos de la administración autonómica sobre la necesidad de que la autopista pase a ser una infraestructura gestionada en beneficio público.

Para el gobierno gallego, la resolución judicial establece un precedente que debería acelerar la negociación de la transferencia de la AP-9 a la comunidad. Europa Press destacó que la reclamación de la administración autonómica ha contado con un apoyo transversal en el Parlamento gallego, aunque el PSOE, según apuntó la titular de Infraestructuras, ha enmendado la propuesta a nivel estatal, frustrando avances hacia la gratuidad total de la vía.

El tema ha cobrado especial relevancia en la agenda política gallega tras años de peticiones reiteradas por parte de usuarios, transportistas y organizaciones económicas, que han calificado los peajes en la AP-9 como un obstáculo para la circulación y la competitividad. Con la resolución judicial, aumentan las presiones sobre el Gobierno central para responder ante las demandas de Galicia. Según publica Europa Press, la Xunta insiste en que la vía es estratégica para la conectividad y el desarrollo regional, y recalca que la gestión debe superar intereses privados anteponiendo el interés de los gallegos.

Las declaraciones de la consejera de Vivienda y Planificación de Infraestructuras se produjeron tras la inauguración y puesta en servicio de la plataforma náutica de O Parrote. El evento, al que acudieron numerosos representantes públicos, sirvió de escenario para abordar ante los medios la evolución del conflicto sobre la AP-9 y la respuesta pendiente del Ejecutivo central. Desde la Xunta se repite que los pasos para la gratuidad del tramo, reclamados en informes técnicos y ahora reforzados por el fallo del Supremo, permanecerán en la agenda política y jurídica gallega mientras no se produzca una solución definitiva, reportó Europa Press.