La Asociación Nacional de Inspectores de la Hacienda Pública Local (Anihpl) ha anunciado que durante el año 2026 elaborará un informe sobre la llamada "Externalización Fraudulenta de los Servicios de Inspección Tributaria Local en España". Según detalló Anihpl, este fenómeno afecta actualmente a cientos de municipios donde los servicios de inspección tributaria se encomiendan a empresas privadas, ya sea por decisión directa de los ayuntamientos o mediante las diputaciones provinciales. La elaboración de este informe surge después de que el Juzgado de Lleida admitiera a trámite la denuncia presentada por la asociación, lo que representa un punto de inflexión en la reclamación contra la delegación de tareas fiscales reservadas a funcionarios públicos a entidades privadas, informó Anihpl en un comunicado.
De acuerdo con la comunicación difundida por Anihpl y recogida por el medio, la denuncia presentada ante los tribunales señala que se estaría cometiendo una “externalización fraudulenta” en la inspección tributaria provincial. La organización sostiene que este modelo de contratación pone en juego las garantías y derechos de los contribuyentes, advirtiendo que implica la "expulsión" del empleado público municipal y provincial de las labores inspectoras. La aceptación del caso por parte del Juzgado de Lleida supone, para el colectivo de inspectores, un avance relevante en la lucha frente al abandono que aseguran sufren desde hace décadas las Haciendas Públicas Locales en España.
Anihpl, según explicó en su comunicado, aprovechará su XXV Congreso, programado para los días 13 y 14 de noviembre en Alicante, para analizar el impacto y las consecuencias de estos procesos de externalización. Desde hace varios años, la asociación viene exponiendo este problema y denuncia que la consolidación de estos convenios de externalización en municipios españoles representa un riesgo para el principio de legalidad y para el correcto funcionamiento de la Administración Tributaria local y provincial.
El comunicado divulgado por la organización expone que la participación de empresas privadas no solo se limita, como se establece en los contratos, a labores de apoyo a las entidades locales. Señala que actualmente trabajadores de estas compañías realizan directamente requerimientos a los contribuyentes, desarrollan inspecciones y procedimientos sancionadores, e incluso disponen de acceso a los planes reservados que deberían ser competencia exclusiva de la Inspección Pública. Añaden que, en algunas ocasiones, son estos mismos empleados quienes confeccionan los planes de inspección y determinan cuáles contribuyentes pueden ser sometidos a una revisión, según lo denunciado por Anihpl.
En opinión de los representantes de los Inspectores de las Haciendas Públicas Locales, la intervención de personal ajeno a la estructura administrativa representa, para los tribunales, una “intromisión ilegal” en el ejercicio de las funciones atribuidas por ley a los agentes de la autoridad en materia fiscal. La asociación sostiene que la figura del inspector fiscal con la categoría de agente de la autoridad está claramente definida y protegida por la normativa, por lo que la transferencia de competencias a entidades privadas configura una infracción del régimen vigente.
Según el posicionamiento de Anihpl, el abandono de las funciones públicas en favor de empresas privadas genera consecuencias de gran alcance, tanto para la protección de los derechos ciudadanos como para los intereses generales. Detallan que esta tendencia puede debilitar los mecanismos de control internos y comprometer la imparcialidad exigida por la ley en los procesos de inspección tributaria. La asociación recalca que estos hechos pueden afectar la fiabilidad de las actuaciones fiscales y la confianza ciudadana en las administraciones.
La magnitud del fenómeno de externalización, según relató Anihpl y reportó la fuente, es ya visible en centenares de municipios. Por ello, la elaboración del informe previsto durante 2026 pretende ofrecer un diagnóstico sobre el alcance, las implicaciones jurídicas y administrativas, y la repercusión de estos procedimientos en el sistema tributario local. La Asociación Nacional de Inspectores de la Hacienda Pública Local señaló que intensificará su seguimiento de estos procesos y que continuará promoviendo acciones ante las instancias competentes para restituir, según su criterio, la legalidad en los servicios de inspección tributaria municipal y provincial.
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