PP defiende en el Congreso que la Policía se quede en Via Laietana, como símbolo de su lucha por la democracia

En abril pasado, mientras el Ministerio del Interior mantenía negociaciones con la Generalitat de Cataluña sobre el destino de la sede policial de Via Laietana, el Partido Popular (PP) registró una proposición no de ley en el Congreso para impedir la transferencia del inmueble y asegurar la continuidad de la Jefatura Superior de Policía Nacional de Cataluña en ese enclave de Barcelona. La medida cobra especial relevancia en el contexto de las presiones ejercidas por entidades memorialistas, el grupo parlamentario Sumar y formaciones independentistas, que promueven la transformación de la sede en un centro de Memoria Democrática, sin presencia de agentes policiales, según publicó Europa Press.

Europa Press detalló que el PP defenderá esta iniciativa ante la Comisión de Interior del Congreso, respaldando la permanencia de la comisaría en Via Laietana como símbolo del reconocimiento a la labor de los agentes en defensa del Estado de Derecho. El objetivo explícito es presionar al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) para definir su posición respecto a la exigencia de traspaso del histórico edificio, que en el pasado fue sede de la Brigada Político-Social franquista en Barcelona. El PP remarca el valor institucional de esta localización, considerando que su cesión a la Generalitat supondría “un error estratégico” con implicaciones a largo plazo.

Las autoridades catalanas, lideradas por Salvador Illa, han expresado su disposición para buscar una sede policial “moderna, más funcional y operativa” para la Policía Nacional, según reportó Europa Press. Sin embargo, han fijado como requisito imprescindible el consenso a tres bandas: entre el Gobierno central, el Ejecutivo catalán y el Ayuntamiento de Barcelona, instancias actualmente en manos del PSOE. Por tanto, la permanencia de los efectivos en Via Laietana se mantendría hasta alcanzar un acuerdo conjunto. A pesar de ello, el proceso de resignificación del edificio ya se ha iniciado oficialmente desde el 18 de julio, cuando la Secretaría de Estado de Memoria Democrática comenzó los trámites para su declaración como Lugar de Memoria Democrática, según lo consignado por Europa Press.

En la argumentación de su propuesta, el PP cita palabras del ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, quien describió el edificio como “un lugar donde hombres y mujeres que forman parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado trabajan para la seguridad de todos los ciudadanos, de acuerdo con la Constitución y los valores democráticos”. Para el PP, la comisaría representa el compromiso y el esfuerzo de los agentes responsables del mantenimiento del orden público dentro del marco constitucional, y recalcan que este símbolo cobra relevancia en Cataluña, comunidad donde, según subrayan, seis de los diez municipios con mayor criminalidad se ubican en su territorio, incluyendo poblaciones como Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs y Badalona.

Europa Press informó que desde la dirección nacional del PP se sostiene que la intención última de los grupos independentistas sería forzar la salida de la Policía Nacional y la Guardia Civil de Cataluña. Según esta formación, la entrega de la sede de Via Laietana iría más allá de su contenido simbólico e implicaría la deslegitimación de la autoridad del Estado en la comunidad autónoma, además de constituir una “humillación” para los agentes que han servido en Cataluña. El PP asevera que materializar el traspaso supondría consecuencias “graves a largo plazo”, ya que, desde su punto de vista, “dejaría expedita la vía hacia una ruptura violenta de España”.

El PP solicita al Congreso que exija al Gobierno el mantenimiento de la sede central de la Policía Nacional en Via Laietana, en la dirección número 43, insistiendo en que se trata de un reconocimiento a la labor de los agentes por la libertad, la seguridad y la protección de los derechos constitucionales de los ciudadanos de Cataluña, según enfatiza Europa Press en su cobertura. El texto de la proposición también incluye el llamado a “respetar y defender la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado” en la región, así como a preservar sin excepciones las competencias exclusivas de estos cuerpos en materia de control de fronteras y gestión de los flujos migratorios, tanto regulares como irregulares.

Entre los argumentos que refuerzan su oposición, el PP agrega que la entrega de la sede policial de Via Laietana, calificada como “un paso más de la rendición de Pedro Sánchez ante quienes pretenden acabar con el Estado”, contradice el sacrificio y el heroísmo demostrados por los agentes destinados en Cataluña. La formación subraya que renunciar a este enclave significaría facilitar los intentos de los sectores independentistas de avanzar hacia una mayor desconexión respecto al Estado central, y sostiene que esta cesión tendría efectos adversos para la legitimidad y la operatividad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

De acuerdo con lo reportado por Europa Press, la discusión sobre el futuro del edificio permanece en curso, en tanto que desde el Gobierno central y varias administraciones implicadas no se ha alcanzado aún un acuerdo tripartito sobre el destino de la sede policial. A la par, las entidades memorialistas continúan impulsando su transformación en un espacio dedicado a la memoria democrática, argumentando la necesidad de resignificar un lugar que durante el franquismo representó la represión política en la capital catalana.

El contenido de la propuesta presentada por el Partido Popular ante el Congreso forma parte de una estrategia más amplia para frenar la cesión de competencias en materia de seguridad a la Generalitat y para asegurar que las funciones de control fronterizo y gestión migratoria sigan bajo el mando exclusivo del Estado en Cataluña, una cuestión que Europa Press sitúa en el centro de la pugna política entre el partido que lidera Alberto Núñez Feijóo y el Gobierno de Pedro Sánchez, en un contexto de renovadas tensiones sobre el encaje territorial y la descentralización institucional.