El Departamento de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón ha requerido al Ministerio de Infancia y Juventud que detalle con qué criterios está derivando expedientes de menores migrantes desde Canarias, Ceuta y Melilla a las comunidades autónomas desde el pasado mes de septiembre. El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento este viernes.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la vicepresidenta, Mar Vaquero ha asegurado que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, "está utilizando" la política de migración contra los Gobiernos autonómicos del PP, también a Vox para "lanzar una confrontación" contra estas comunidades, demostrando "una total falta de sensibilidad" y "aplicando criterios políticos en ese reparto discriminatorio y xenófobo", lo que es "indefendible y deleznable".
El Gobierno de Aragón siempre trata de "llegar a acuerdos" en otras materias, como el alcanzado recientemente con el Ministerio de Industria sobre la automoción o con el Ministerio de Defensa para presentar una importante inversión en el aeropuerto industrial de Teruel.
De esta forma, "no hay ningún interés de confrontar" y el Gobierno de Aragón quiere tener siempre "comunicación" con la Administración General del Estado, pero "está claro que Sánchez tiene interés de confrontar" porque "tiene que responder a las cesiones" que le reclaman sus socios independentistas, acuerdos que "nos perjudican a todos".
El Ejecutivo aragonés ha manifestado su disconformidad con el Decreto de reparto de menores migrantes y ha vuelto a solicitar al Ministerio de Infancia que informe a la Comunidad Autónoma del número de menores que van a venir. A fecha de hoy, la Administración aragonesa ha recibido a 8 menores procedentes de Canarias, 8 de Ceuta y 6 de Melilla.
REQUERIMIENTO
El requerimiento alude al Real Decreto Ley que modifica la legislación sobre los derechos de extranjeros para establecer cómo se ha de determinar la reubicación de menores extranjeros no acompañados cuando se declare en un territorio la situación de contingencia migratoria extraordinaria.
En ningún momento órgano alguno de la Administración General del Estado ha expuesto o explicado de qué forma está interpretando y aplicando esos "criterios objetivos" para determinar cuál será el destino de los menores que abandonen las zonas tensionadas.
Sin embargo, ya se están recepcionando acuerdos de inicio para procedimientos administrativos para reubicar a menores adoptados, emitidos por las Delegaciones del Gobierno de España, y en esos documentos tampoco se motiva la elección del territorio de destino.
Estos criterios, según el artículo 35 del RDL, deberían haber sido determinados por acuerdo unánime de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia y, en ausencia de este acuerdo, rigen los previstos en el artículo 35.ter de la citada Ley orgánica: en su requerimiento Aragón considera esos criterios "injustos e insolidarios" y sostiene que atentan contra las competencias autonómicas.
"Están lejos de ser objetivos, pues, por el contrario, son oscuros, adoleciendo varios de ellos de una imprecisión que atenta gravemente contra el principio de seguridad jurídica consagrado en nuestra Carta Magna, impidiendo a los órganos autonómicos competentes conocer de qué forma está realizando la administración estatal la interpretación y aplicación de estos criterios", continúa el escrito.
En este requerimiento el Gobierno de Aragón cuestiona por tanto la falta de claridad y motivación por parte de la Administración General del Estado para establecer esos "criterios objetivos" de distribución de menores en estos casos.
Así, el requerimiento insta al Ministerio de Infancia y Juventud a explicar con detalle la interpretación y posterior aplicación de los criterios de ubicación, toda vez que Aragón ha sostenido durante meses que estos traslados obligatorios, en los términos planteados, entran en conflicto con sus competencias en materia de asistencia social y protección de menores.
En paralelo, Aragón ha ido presentando las alegaciones correspondientes a cada uno de los expedientes que ha recibido en las últimas fechas y que forman parte del reparto previsto por el Estado respecto al que el Gobierno autonómico sigue desconociendo el número total, los plazos o la fecha de llegada.
La Comunidad Autónoma de Aragón ha presentado varios recursos a la normativa estatal relativa a la reubicación de menores extranjeros no acompañados, tanto en el ámbito contencioso-administrativo como ante el Tribunal Constitucional.
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