Los promotores de la querella contra el rey emérito Juan Carlos I por cinco delitos contra la Hacienda Pública --que firman magistrados jubilados, fiscales retirados y varios intelectuales-- han presentado un incidente de nulidad ante el Tribunal Supremo (TS) con el que buscan que reconsidere su decisión de rechazarla.
En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el ex magistrado del TS José Antonio Martín Pallín y el letrado Eduardo Ranz, en representación de todos los querellantes, piden a la Sala de lo Penal que anule los autos por los que desestimó la querella y el recurso de súplica con el que combatieron esa decisión, "reponiendo las actuaciones al estado inmediatamente anterior".
Según explican, su intención es que se siga el procedimiento legalmente establecido, "declarando la admisibilidad de las pruebas documentales solicitadas y, una vez incorporadas a las actuaciones y a la vista de su contenido, se decida lo que se estime procedente en derecho".
Los querellantes consideran que se ha vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva porque el Supremo no argumentó suficientemente dichas decisiones, incurriendo en "una evidente incongruencia omisiva" que les habría generado "indefensión".
Además, apuntan al Tribunal Constitucional (TC), recordando que "el incidente de nulidad de actuaciones se concibió como un trámite judicial que pretende evitar la acumulación de las demandas de amparo ante el TC".
El Supremo, en una ponencia del magistrado Manuel Marchena, rechazó la querella al determinar que los hechos que imputaba a Juan Carlos I no son constitutivos de delito, están prescritos o han sido regularizados.
YA SE INVESTIGÓ Y ARCHIVÓ
De esta forma, el alto tribunal siguió el criterio de la Fiscalía, que recordó que ya abrió diligencias de investigación en relación con el ex jefe de Estado --el 18 de junio y el 5 de noviembre de 2020--, y, "tras una exhaustiva investigación, se archivaron el 2 de marzo de 2022".
La Fiscalía se ratificó en las razones aducidas en el decreto de archivo de marzo de 2022, ya que en la mencionada querella "no se aportan ni hechos ni fuentes de prueba distintas a las ya consideradas para dictar el archivo".
El Supremo coincidió con el Ministerio Público en que, en términos jurídicos, nada ha cambiado desde el decreto de archivo de la Fiscalía de hace tres años por los mismos hechos.
La querella sostenía que el emérito habría cometido cinco delitos fiscales relacionados con rentas y donaciones no declaradas a través de fundaciones como Zagatka y Lucum.
Los querellantes defendían que las regularizaciones tributarias practicadas no cumplían los requisitos legales para exonerar la responsabilidad penal y que los delitos no habrían prescrito, al tratarse de hechos agravados por la utilización de estructuras opacas en el extranjero.
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