El Partido Popular ha exigido que el Gobierno de España garantice la igualdad entre todos los territorios y prolongue la vida útil de todas las centrales nucleares, y no solo las de Cataluña, porque la política energética "no puede mercadearse al dictado de los pactos de Pedro Sánchez para sobrevivir en Moncloa", por lo que ha presentado una moción en la Asamblea Regional.
La diputada del PP, María Casajús, ha denunciado que Pedro Sánchez "está dispuesto a cualquier cosa por aferrarse al poder, incluso a trocear la política energética y convertirla en parte del pastel que reparte a sus socios independentistas".
"Primero nos atropellaron en el reparto de la capacidad eléctrica, dejando fuera a la Región de Murcia. Ahora, directamente nos pretenden trocear el mapa nuclear", ha denunciado.
A su juicio, la Región de Murcia "ha sido una de las más afectadas por el abandono del Gobierno de Sánchez, que la ha dejado fuera de las inversiones para reforzar el sistema eléctrico nacional".
Se trata, ha dicho, de "una planificación sectaria, arbitraria y desigual que agrava aún más el riesgo de apagones y debilita el desarrollo industrial de polos estratégicos como el de Cartagena, que sigue sin recibir la atención que merece por parte del Estado".
Por ello, tacha de "intolerable" que el secretario general de los socialistas, Francisco Lucas, "justifique incluso inversiones en Orihuela mientras a la Región la dejan sola".
Ante esto, Casajús ha explicado que el PP ha presentado una moción en la Asamblea Regional para exigir la prórroga de la vida útil de las centrales nucleares y una política energética seria, basada en criterios técnicos y de seguridad, no en intereses partidistas.
"La energía nuclear es esencial para garantizar la seguridad energética, la competitividad industrial y la estabilidad del sistema eléctrico nacional, especialmente en zonas como Escombreras", ha señalado.
La moción registrada por el PP solicita al Gobierno de España "revisar el calendario de cierre de las centrales nucleares, eliminando criterios ideológicos en favor de criterios técnicos y de seguridad; adecuar la carga fiscal de la energía nuclear a los niveles del resto de países miembros de la UE, para garantizar su viabilidad; y evaluar el impacto económico y medioambiental del cierre programado de estas centrales".
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