
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha destacado este viernes la titular del juzgado de instrucción número 3 de Catarroja, encargada en exclusiva de la investigación de la dana, dispone de todos los medios para esta "macrocausa tan compleja". Asimismo, apoyará que continúe en la Ciudad de la Justicia de València "si es necesario" por "razones objetivas", aunque la decisión debe adoptarla el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Así, lo ha señalado durante la rueda de prensa para presentar la Memoria Judicial de la Comunitat Valenciana 2024, en la que ha destacado que se ha facilitado a esta jueza "todos los medios" que ha solicitado para la investigación de "esta devastadora" dana, que provocó 228 muertos, como poder realizar los interrogatorios de la causa en la sala Tirant, y ha garantizado que si demandara "necesidades adicionales" se las proporcionarían. Además se ha prolongado hasta final de año el refuerzo específico para que siga centrada en exclusiva en esta instrucción y puede haber nuevas prórrogas.
La barrancada inundó la sede judicial de este partido y sus cinco juzgados fueron trasladados a la Ciudad de la Justicia de València, aunque "en breve" se prevé que la actividad regrese a Catarroja una vez terminadas las obras. Ante esta situación, la Junta de Jueces ha solicitado que el juzgado número 3 se quede en València y subsidariamente, en caso de denegarse, que se habilite un local específico distinto a los juzgados para seguir con su trabajo.
Al respecto, Baeza ha señalado que este miércoles la Sala de Gobierno del TSJ estudiará esta demanda y ha defendido que se analizará toda la información disponible para comprobar "si es el juzgado está perfectamente habilitado y tiene una sala de acorde a lo que se necesita" en Catarroja para trabajar en esta macrocausa "tan mediática". En caso contrario, apoyaría que se quede en València, pero "siempre por razones objetivas".
Por otra parte, preguntado por la que queja presentada por el abogado de la exconsellera e Justicia e Interior, Salomé Pradas, ante el CGPJ por la instrucción de esta causa, en la que está imputada, ha señalado que a la sala de Gobierno no le ha llegado el escrito y ha recalcado que los órganos de Gobierno "no pueden emitir opiniones sobre decisiones jurisdiccionales". En cualquier caso, ha subrayado que "los jueces son totalmente independientes" y que si la jueza se sintiera coaacionada o amenazada en su independencia puede pedir amparo.
Del mismo modo, ante el cuestionamiento de algunas de las defensas sobre el número real de víctimas en la tragedia, ha mostrado su confianza en el procedimiento. "No creo que se pueda dudar de la instrucción, que exista una ocultación no me cuadra, los órganos jurisdiccionales actúan con plena independencia y no tienen interés en ocultar ningún tipo de cosas", ha recalcado.
"RESPUESTA ÁGIL E INMEDITA"
Por otra parte, ha resaltado que 2024 "quedará marcado para siempre en la memoria colectiva por la devastadora dana" que supuso un desafío "descomunal" para los juzgados y tribunales de la provincia de Valencia, que actuaron con "inmediatez y responsabilidad". "La Administración de Justicia estuvo a la altura", ha recalcado.
Así, ha elogiado la rapidez de los más de 20 juzgados que incoaron diligencias previas que "fueron capaces de aliviar, en la medida de lo posible, el desgraciado duelo de quienes perdieron a sus seres queridos" ya que en apenas un mes, 221 víctimas mortales habían sido ya plenamente identificadas, lo que "hizo posible que sus familiares les dieran el último adiós".
Del mismo modo, ha felicitado el trabajo realizado por los juzgados de las zonas afectadas ante los pillajes y saqueos al recibir más de 70 detenidos por esos delitos de los que casi una treintena ingresaron en prisión.
Del mismo modo, ha destacado la respuesta "ágil, flexible y comprometida" adoptando numerosos acuerdos y propuestas que fueron acogidos con igual "inmediatez" por la Comisión Permanente del CGPJ.
En concreto, ha resaltado la fórmula aplicada para conciliar la dispensa de las decisiones adoptadas por la Justicia la dispensa de acudir a las actuaciones judiciales por causa de fuerza mayor con la posibilidad de celebrar esas actuaciones en aquellos casos en los que todas las partes estuvieran de acuerdo y pudieran asistir para no causar mayores perjuicios a los justiciables.
En cualquier caso, el presidente del TSJCV ha abogado por "mejorar y actualizar los protocolos de actuación" en el ámbito judicial para poder adaptarse a cada emergencia, como aprovechar las herramientas tecnológicas para reunirnos y coordinar medidas o integrar o al menos tomar en consideración a más actores en la toma de decisiones urgentes, así como ser "claros y precisos" en explicar las medidas que se adoptan y por qué se adoptan. Para ello, ha impulsado para ello la constitución de un grupo de trabajo en la Sala de Gobierno del Tribunal Superior.
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