Bruselas defiende ante el TJUE que la amnistía a delitos de terrorismo no está suficientemente definida

La Comisión Europea ha avisado este martes ante la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de que el ámbito de aplicación de la Ley Orgánica de Amnistía (LOA) es "muy amplio e indeterminado" y sus disposiciones "carecen de certidumbre, previsibilidad y precisión", por lo que no son suficientemente claras para determinar qué delitos enumerados en la directiva antiterrorista de la Unión Europea entran en su ámbito de aplicación.

Así lo ha expuesto el abogado del Ejecutivo comunitario Carlos Urraca Caviedes durante la segunda vista dedicada a la amnistía que se ha celebrado este martes en Luxemburgo, en este caso destinada a responder la cuestión prejudicial de la Audiencia Nacional en el caso de terrorismo atribuido a varios miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR).

De este modo, los servicios jurídicos del Ejecutivo comunitario "valora" que la ley deje claro que quedan fuera de su ámbito de aplicación los delitos "graves" de los Derechos Humanos, si bien advierte de que es un ámbito "muy amplio e indeterminado" y ofrece una lista de delitos que no son "específicos identificados" por la legislación penal. Así las cosas, el abogado de la Comisión plantea que, a falta de una definición "precisa", "lo cierto es que la LOA concede amnistía a conductas contempladas en la directiva" antiterrorista de la UE.

Interpelado especialmente sobre este punto por el vicepresidente del TJUE que será ponente de la sentencia, el alemán Thomas von Danwitz, el representante de la Comisión Europea en la vista ha concedido que el hecho de que la norma "pueda infringir los principios de seguridad jurídica e igualdad ante la ley no es una condición para que se pueda violar el efecto útil de la directiva".

También a preguntas del Abogado General que redactará el dictamen sobre el caso, el luxemburgués Dean Spielmann, el abogado de la Comisión ha matizado que si bien no afirman que el ámbito de aplicación sea "excesivamente amplio", porque esto es algo que debe determinar el tribunal nacional, sí cree que hay "elementos" que así lo apuntan, haciendo suyas las conclusiones al respecto de la comisión de Venecia.

Sin embargo, ha dejado claro que la Comisión ve un "problema" con la ley de amnistía española porque observa que su ámbito de aplicación es "muy amplio" y genera "mucha indeterminación", por lo que al no estar bien circunscrita la consecuencia es una "posible violación de seguridad jurídica e igualdad" y porque una amnistía "demasiado amplia" podría vulnerar la directiva.

"Las deficiencias de esta ley de amnistía tienen las dos consecuencias", ha defendido Urraca Caviedes, para referirse después a que puede vulnerar tanto el "efecto útil" de la directiva como "los límites externos", es decir, el principio de seguridad jurídica y el principio de igualdad ante la ley, tal y como establece la comisión de Venecia.

Así las cosas, ha añadido, la Comisión "no excluye que sea posible una amnistía que vaya a amnistiar delitos comprendidos en la directiva, sino que el Estado miembro "debe asegurarse de que los límites externos sean respetados". Pero ha querido subrayar que en donde el Ejecutivo comunitario tiene "muchas dudas" es en que "esta amnistía esté justificada por un objetivo de interés general".

Sobre la constitucionalidad de la ley, el experto legal del Ejecutivo comunitario ha explicado que no ha querido "entrar" en este debate porque quería evitar "cualquier lectura de que la Comisión entrara a discutir la constitucionalidad de la ley". "No es nuestro rol, por eso la Comisión lo ha evitado", ha remachado.

ESTADO DE DERECHO

Además, los servicios legales de la Comisión consideran que el "efecto útil" de la Directiva europea sobre terrorismo "quedaría en peligro" si un Estado miembro concediera una amnistía "tan amplia que excluyera la persecución de las infracciones penales definidas" en la propia directiva "durante un largo período de tiempo y sin que el alcance de la amnistía estuviera suficientemente circunscrito a los objetivos que persigue o por unas definiciones excesivamente vagas que fueran susceptibles de crear inseguridad jurídica". En este contexto, la Comisión advierte de que en esas circunstancias el Estado miembro "traspasaría los límites de las amnistías que pueden considerarse aceptables, con arreglo a las tradiciones constitucionales comunes" de los países miembro.

Como ya hizo en una primera vista celebrada por el caso del Tribunal de Cuentas remitido al TJUE, Urraca Caviades ha insistido en que, atendiendo a los estándares de la Comisión de Venecia, las amnistías son "medidas excepcionales" que deben perseguir un "objetivo legítimo" para justificar la diferencia de trato que se establece ya que no se aplicaría el mismo perdón a otras personas que cometiendo los mismos actos no serán amnistiados por encontrarse en "diferentes contextos".

Bruselas cuestiona en sus consideraciones ante la Justicia europea que la ley española de amnistía responda a un "objetivo legítimo" --dado que fue diseñada como "parte de un acuerdo politico para lograr la investidura del Gobierno de España"-- e insiste en que toda amnistía debe respetar el principio de seguridad jurídica, incluidos mediante los requisitos de claridad, determinación, accesibilidad y previsibilidad.

En este contexto, ha dicho, la "misma censura" que la comisión de Venecia aplica a las amnistías en las que quien ostenta el poder político pretende brindarse para garantizar su inmunidad jurídica, por ser contrario al principio del Estado de derecho, debería en opinión de la Comisión aplicarse "cuando quien está en el Gobierno garantiza la impunidad de sus socios a cambio del apoyo parlamentario".

"Es esencial que sus efectos se formulen con la suficiente precisión y claridad para que sean previsibles", ha defendido el abogado del Ejecutivo comunitario, para exponer que en opinión de la Comisión una amnistía "tan amplia que excluyera en gran medida" la persecución efectiva de las infracciones definidas en la Directiva "durante un largo periodo y sin limitar suficientemente su alcance" o con definiciones "excesivamente vagas" podrían generar inseguridad jurídica y, con ello, "excedería los límites del Estado de derecho para las amnistías".