La vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias del Gobierno de Navarra, Begoña Alfaro, ha afirmado, en relación al 'caso Cerdán', que el Ejecutivo foral "ha actuado con diligencia en cuanto a lo que atañe a los intereses de Navarra". "A día de hoy no se desprende ilegalidad alguna en las adjudicaciones de las dos empresas que aparecen en los informes filtrados por la Guardia Civil", ha subrayado.
En respuesta a una pregunta oral formulada por Contigo-Zurekin en el pleno parlamentario de este jueves, Alfaro ha destacado que "hemos puesto en marcha una triple vía de fiscalización para los contratos de la UTE Acciona Servinabar, que pasan por la Cámara de Comptos, la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción y una auditoría externa", además de haber solicitado personarse ante el Supremo como acusación particular. Una petición que ha sido denegada por el alto tribunal "pero que volveremos a solicitar si consideramos que existe un posible daño para la Hacienda Foral de Navarra".
Asimismo, este mismo jueves se debate en el Parlamento la creación de una comisión de investigación "para que haya luz y taquígrafos para todas las adjudicaciones a las empresas sobre las que existen sospechas desde el año 2011". "Creo que se ha actuado con diligencia, pero también creo que es el momento de poner encima nuevas ideas para actuar fundamentalmente contra los corruptores, que es donde nunca se pone el foco, pero que debería ser el lugar donde mirar, porque si nadie está dispuesto a pagar por falsear una adjudicación pública porque las consecuencias no le compensan, habremos atacado el problema de raíz", ha reivindicado.
A su juicio, "todas las medidas que se puedan poner encima de la mesa deben ser valoradas e implementadas por parte de las administraciones para hacer frente a la corrupción". "Todas las iniciativas serán bienvenidas, porque está claro que la corrupción es el mayor cáncer que puede padecer una democracia y que nos afecta especialmente a nosotros y a nosotras, a los gobiernos de progreso, ya sea en Navarra o en Madrid, porque nuestra gente esto no lo tolera y además, afortunadamente, no lo tolera", ha dicho.
En este sentido ha criticado que "en estos momentos el Partido Popular tiene abiertas 30 causas contra dirigentes y altos cargos de su formación, pero a ellos no les pasa ninguna factura, a nosotros y a nosotras sí". "Causas que van desde el amaño de adjudicaciones públicas, cobro de sobornos, planes urbanísticos ilegales, tráfico de influencias, financiación irregular, incluso omisión del deber de socorro y homicidios imprudentes o también uso de fondos reservados para operaciones para policiales", ha apuntado.
Todas estas causas, según ha continuado, "están a día de hoy en diferentes juzgados a lo largo y ancho de todo el país, aunque ya no aparezcan en los medios ni a ellos nadie les pida responsabilidades". Según Alfaro, "la tolerancia contra cualquier tipo de corrupción debe ser cero, y tanto corruptos como corruptores deben ser llevados a los tribunales, juzgados y condenados".
Por otro lado, la vicepresidenta ha subrayado que "aquí da la sensación de que cuanto mayor sea tu volumen de facturación, menor es el riesgo de ser investigado por la justicia". "Sigue llamando poderosamente la atención, a mí por lo menos me lo llama, que una empresa como Acciona, que tiene un historial relacionado con casos de corrupción que asusta, todavía no haya sido registrada por la Guardia Civil, a pesar de ser la empresa con los porcentajes de participación más elevados en la UTE con Servinabar", ha señalado.
Por otro lado, ha valorado la existencia de la ley foral de contratos, si bien ha añadido que "también somos conscientes de que pueden existir lagunas, pueden existir en nuestra normativa espacios todavía sin regular y en los que podamos intervenir para actuar contra las empresas corruptoras".
Por su parte, el parlamentario de Contigo-Zurekin Carlos Guzmán ha afirmado que la coalición "siempre ha demostrado tolerancia cero ante la corrupción" y que "nos encontramos horrorizados y horrorizadas ante las cascadas de informaciones que venimos conociendo". A su juicio, "la transparencia no es un eslogan, es una obligación política y democrática".
"De hecho, nuestro grupo parlamentario fue uno de los primeros que solicitó la creación de una comisión de investigación", ha subrayado, tras considerar que la propuesta registrada por la coalición "es más ambiciosa y más garantista" que las dos propuestas de UPN y PPN. "Queremos que se investigue a fondo cualquier relación contractual entre la administración foral de Navarra y las empresas que han aparecido ya o que pueden llegar a aparecer en esa causa judicial que se está investigando", ha reivindicado.
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