Madrid, 19 jun (EFE).- El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha rechazado el recurso presentado por Airbnb para no acatar la orden del Ministerio de Consumo de bloquear en su plataforma los anuncios de alojamientos turísticos que no cumplen la ley.
Desde Consumo se detectaron un total de 65.935 anuncios ilegales en la plataforma de Airbnb y se solicitó su retirada a esta empresa multinacional en tres comunicaciones diferentes.
El auto del tribunal superior se pronuncia sobre la primera comunicación en la que se requería a la plataforma el bloqueo de 5.800 anuncios ilegales, que fue recurrida y que ahora resuelve con la confirmación de que deben ser retirados.
"Hemos vuelto a ganar en los tribunales y, por tanto, Airbnb deberá proceder a la retirada inmediata de los anuncios ilegales", ha destacado el ministro Pablo Bustinduy desde la sede del IMSERSO donde se ha celebrado el Consejo Territorial del Sistema de Dependencia.
"Ninguna empresa puede estar por encima de la ley, deben cumplir con la legislación vigente y esto es especialmente importante en materia de vivienda donde hay un puñado de empresas de fondos de inversión de grandes plataformas que se están lucrando a costa de cercenar el derecho constitucional a la vivienda de millones de familias en nuestro país", ha aseverado.
Los anuncios sobre los que se ha pronunciado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid afectan a la publicidad de viviendas turísticas que se encuentran en Andalucía, Comunidad de Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares y Euskadi.
Esos anuncios no incluyen el número de licencia o registro para operar como alojamiento turísticos, algo que es obligatorio en diferentes normativas autonómicas y que supone la infracción más común en la publicidad que ha sido analizada.
Además, incorporan números de licencia que no corresponden a los expedidos por las autoridades y no indican la naturaleza jurídica de los arrendadores.
"Detrás de las empresas que corrompen a políticos también hay ese mismo principio de considerar que la cifra de resultados o que el beneficio privado de un puñado de empresas está por encima de la democracia española y de la ley que rige en nuestro país", ha reflexionado Bustinduy en relación con las investigaciones de corrupción.
"El Ministerio de Consumo se va a asegurar, en el ejercicio de sus competencias, de que quien viola la ley en nuestro país lo pague", ha concluido. EFE
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