Bruselas, 19 jun (EFECOM).- España y otros ocho países de la Unión Europea (UE) han solicitado a la Comisión Europea estudiar cómo se puede ajustar al Derecho internacional el comercio de bienes y servicios relacionados con los asentamientos ilegales israelíes en los territorios palestinos ocupados.
Los ministros de España, Bélgica, Eslovenia, Finlandia, Irlanda, Luxemburgo, Polonia, Portugal y Suecia hicieron esta petición a través de una carta dirigida a la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, con copia a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y a los comisarios de Comercio, Maros Sefcovic, y del Mediterráneo, Duvravka Suica, informó hoy a través de redes sociales el titular belga, Maxime Prévot.
La misiva hace un llamamiento a la Comisión a examinar de qué manera los bienes y servicios vinculados a esos asentamientos pueden ajustarse a la legalidad internacional, teniendo en cuenta la opinión de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre que cualquier país debe abstenerse de todo comercio o inversión que ayude a mantener una situación ilegal en Palestina.
“Defender el derecho internacional es una responsabilidad compartida. En un orden internacional basado en normas, la claridad jurídica debe guiar las decisiones políticas”, indicó Prévot en un mensaje en redes sociales, en el que agregó que “un enfoque europeo unido puede contribuir a garantizar que nuestras políticas reflejen nuestros valores”.
De acuerdo al texto de la carta, esos nueve países de la UE solicitan “un análisis en profundidad por parte de la Comisión Europea sobre las implicaciones” para terceros Estados y organizaciones internacionales de la mencionada opinión consultiva de la CIJ, del 19 de julio de 2024, que va “más allá de la actual política de diferenciación” que aplica la Unión.
En la misiva, los países recuerdan también que, el pasado 15 de enero, la Comisión Europea ya respondió al Parlamento Europeo que los Estados miembros seguirían debatiendo en el seno del Consejo el impacto de esa posición de la CIJ sobre las posiciones y políticas comunitarias.
“Sin embargo, no hemos visto ninguna propuesta para iniciar debates sobre cómo interrumpir de forma efectiva el comercio de bienes y servicios con los asentamientos ilegales”, subrayan.
En ese contexto, indican que, “en un mercado europeo unificado, en el que la Unión Europea tiene la competencia exclusiva sobre política comercial, necesitamos que la Comisión Europea desarrolle propuestas para medidas concretas que garanticen el cumplimiento por parte de la Unión de las obligaciones señaladas por la corte”.
Los países instaron, además, a que se establezca un “calendario claro” en los grupos de trabajo pertinentes con vistas a lograr el pleno cumplimiento del dictamen de la CIJ “en torno a su primer aniversario”.
Fuentes comunitarias destacaron que es competencia de la Comisión Europea estudiar el asunto antes de que se pueda tomar una decisión. EFECOM
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