El juicio por la demanda que interpuso la empresa Just Eat contra Glovo por competencia desleal se celebrará entre el martes 17 de junio y el viernes 20 de junio en el Juzgado Mercantil número 2 de Barcelona.
Just Eat presentó una demanda en noviembre del año pasado contra la empresa fundada por Óscar Pierre por presuntamente contratar a sus 'riders' como falsos autónomos, motivo por el que le reclama 295 millones de euros en concepto de daños y perjuicios.
Just Eat alegó en su demanda que existen numerosas sentencias que condenan a Glovo por contratar a sus repartidores como falsos autónomos, así como por vulnerar la normativa de Derecho Laboral.
Este hecho, argumentó, coloca a Just Eat en una "clara situación de desventaja competitiva", ya que esta compañía sí contrata a los repartidores por cuenta ajena, incurriendo en elevados costes adicionales, tal y como exige la ley.
Just Eat sostiene que mediante la contratación de falsos autónomos Glovo se ahorró más de 645 millones de euros, lo que le ha permitido adquirir una ventaja competitiva significativa.
DOS CAUSAS
En diciembre, Glovo anunció un nuevo modelo para operar con repartidores laborales en vez de autónomos y se reafirmó en su "compromiso con España y con el impulso de la economía digital del país".
Esta decisión se hizo pública el día anterior a que el consejero delegado de Glovo, Òscar Pierre, declarara como investigado en el Juzgado de Instrucción 31 de Barcelona en el marco de un proceso penal iniciado por la Fiscalía por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores.
En su denuncia, consultada por Europa Press, el ministerio público argumentó que la empresa "menoscaba y suprime" los derechos de los trabajadores por la condición de falsos autónomos de los 'riders'.
"Glovo utiliza trabajadores a los que exige su alta en el régimen especial de trabajadores por cuenta propia de la Seguridad Social , estableciendo con ellos una relación en apariencia mercantil que le permite reducir sus costes empresariales", explica el ministerio público.
Según la Fiscalía, la reducción de costes se debe a que la compañía que dirige Pierre no garantiza un salario profesional conforme a la jornada de trabajo realizada por los 'riders'.
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