El bufete de abogados Statera Legal ha defendido que la consulta pública que realizó el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa sobre la OPA de BBVA y Sabadell se ha realizado sobre extremos que "exceden" de la competencia del ministerio y del propio poder ejecutivo.
Según el texto al que ha tenido acceso Europa Press, el análisis que debe realizar el Gobierno sobre la OPA de BBVA "no se corresponde con aquel al que se vinculan las preguntas formuladas en la consulta", de tal forma que el despacho cree que se estaría infringiendo el artículo 60 de la Ley de Defensa de la Competencia.
Así, en su recurso señala la "irrelevancia" de la decisión que adopte el Consejo de Ministros, "en el sentido de que no puede imponer más restricciones a la operación que aquellas ya acordadas por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC)".
"Señalado lo anterior, es inverosímil que se plantee una consulta que no es necesaria, que no tiene ninguna repercusión en la operación y, que, a mayor abundamiento, se lleve a cabo sin garantía alguna. El Consejo de Ministros no tiene competencia para analizar con carácter general si la operación afecta al interés general al dirigirse la consulta pública a preguntar a los ciudadanos sobre algo que no se corresponde con la decisión que el Gobierno puede adoptar", prosigue.
Insiste en defender que hay una "ausencia de competencia material" del Ministerio de Economía sobre el objetivo de la consulta, de conformidad con el artículo 60 de la Ley de Defensa de la Competencia, y por tanto pide que se declare nula de pleno derecho la vía de hecho denunciada o, de forma subsidiaria, que se declare su anulabilidad.
Conviene recordar que el pasado 30 de abril la CNMC acordaba por unanimidad aprobar la OPA que BBVA quiere lanzar sobre Sabadell en fase 2 y con compromisos, lo que suponía, siguiendo la Ley de Defensa de la Competencia, que el Ministerio de Economía tenía un plazo de 15 días laborables para analizar la operación en la conocida como fase 3 y decidir si la elevaba o no al Consejo de Ministros.
Sin embargo, el Gobierno anunció una vez tuvo la decisión de la CNMC, la apertura de una consulta pública para recabar opiniones entre ciudadanos, empresas y organizaciones, un procedimiento inédito para este tipo de operaciones. Esta consulta estuvo abierta entre el 6 y el 16 de mayo, mientras que Economía tenía para decidir hasta el 27 de mayo.
Finalmente, este pasado martes, el ministerio anunciaba que el análisis de la OPA se elevaba al Consejo de Ministros, para lo que tiene un plazo de 30 días naturales.
Frente a esta consulta, el despacho de abogados Statera Legal presentó el lunes, 26 de mayo, un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra la consulta pública por considerar que es "contraria" al principio de igualdad y no discriminación, que es un procedimiento que no tiene cabida formal en el ordenamiento jurídico y que el formulario está "ausente" de cualquier autenticación de identidad del usuario.
Junto a este recurso, el bufete presentó una petición de medida cautelar para impedir el uso de la consulta en la toma de decisiones. El pasado viernes, esta petición se elevó a cautelarísima con el objetivo de "evitar que el Gobierno adopte una decisión antes de que se resuelva la pieza separada de medidas cautelares".
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