Junts y PSOE acuerdan que Cataluña asuma la gestión de los secretarios e interventores municipales

Junts y PSOE han logrado un acuerdo en el marco de la tramitación de la Ley de función pública del Estado para que Cataluña asuma la gestión integral de los funcionarios de la administración local con habilitación estatal: secretarios, interventores y tesoreros municipales.

En un comunicado, explican que el acuerdo se materializa a través de una disposición adicional específica para Cataluña en la citada ley, que atribuye a la Generalitat las facultades de creación, clasificación y supresión de puestos; aprobación de la oferta de empleo público; procesos de selección, nombramiento y procesos de provisión, y gestión administrativa integral de estos funcionarios.

Se trata, según Junts, de un avance reclamado desde hace tiempo por el mundo local, y con ello consideran que dan cumplimiento al compromiso adquirido con el PSOE para la convalidación de los reales decretos en enero de 2024 relativo "al reconocimiento de la posición singular en materia institucional de la Generalitat como consecuencia de los derechos históricos y la tradición jurídica catalana".

También defienden que contribuirá a revertir la situación crítica que, a su juicio, sufren muchos ayuntamientos catalanes "donde el 66% de puestos de secretaría, intervención y tesorería se encuentran vacantes u ocupados interinamente, generando graves disfunciones".

"Esta competencia había sido gestionada con éxito por la Generalitat hasta la recentralización impuesta por la LRSAL de 2013", sostiene la formación, que consideran que el acuerdo es un avance clave para el buen funcionamiento institucional de los municipios y la estabilidad administrativa local.

El acuerdo también incluye medidas para afrontar "la grave situación de los empleados públicos en abuso de temporalidad y medidas inéditas para garantizar los derechos lingüísticos de los catalanes, como el deber de los funcionarios del Estado a atender a los ciudadanos en la lengua oficial que escojan, y la reserva de plazas específicas para catalanohablantes en la función pública del ámbito judicial".

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