Madrid, 29 may (EFE).– El Gobierno de Canarias ha reclamado una estrategia estatal y europea para afrontar la crisis migratoria, mientras que la Comunidad de Madrid ha acusado al Ejecutivo de Pedro Sánchez de “dejación de funciones” tras el naufragio ocurrido este miércoles frente a las costas de El Hierro, en el que murieron siete personas, entre ellas tres menores.
Durante una presentación frente a la Puerta del Sol, el viceconsejero de Presidencia canario, Alfonso Cabello, ha lamentado lo sucedido y ha subrayado la necesidad de una respuesta conjunta del Estado y la Unión Europea.
“Canarias necesita ayuda, necesita certidumbre y cordura ante el fenómeno de la migración”, ha afirmado el viceconsejero, además de considerar que la gestión migratoria debe abordarse como una “gran política de Estado”, la cual, a su juicio, actualmente no existe.
Por otro lado, ha criticado que los recursos comprometidos por Bruselas no estén llegando a las comunidades autónomas, especialmente a Canarias, y ha advertido que con más medios técnicos y humanos tal vez la tragedia de la víspera podría haberse gestionado “de mejor manera”.
También ha reprochado que el Gobierno no haya incluido de forma clara el tema migratorio en el orden del día de la Conferencia de Presidentes que se celebrará el próximo 6 de junio.
A su juicio, esa actitud representa “una falta de respeto al conjunto de las soberanías de las comunidades autónomas”.
Por su parte, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García, ha asegurado que lo ocurrido es consecuencia directa de “la irresponsabilidad del Gobierno central, que ha sumido a nuestro país en un caos migratorio”.
García ha acusado al Ejecutivo de no asumir sus responsabilidades, de no dialogar con las comunidades ni con sus socios europeos, por lo que ha reclamado la dimisión del Gobierno en bloque al calificarlo como “el más ineficaz que ha tenido nuestro país”.
Ambos dirigentes han coincidido en la urgencia de establecer una estrategia migratoria común, especialmente ante el inminente reparto de menores no acompañados previsto para agosto, según los últimos planes del Estado. EFE
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