Madrid, 26 may (EFE).- El PSOE se ha desvinculado este lunes del audio sobre una supuesta operación del partido contra la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, mientras que el PP ha exigido que se investigue hasta el final para conocer toda la verdad "caiga quien caiga".
El diario El Confidencial desvela este lunes un audio en el que presuntamente personas ligadas al PSOE solicitan a un empresario información comprometedora de Antonio Balas, teniente coronel de la UCO que investiga el caso Koldo y a Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno.
En la conversación telemática participan Leire Díez Castro, empleada en Ferraz y que fue jefa Comunicación en la empresa pública Enusa (2018-2021) y directora de Filatelia y Relaciones Institucionales en Correos (2022-2024).
Junto a ella están el empresario Javier Pérez Dolset, procesado por fraude en subvenciones y, según el diario, también "colaborador de Ferraz", y el abogado Jacobo Teijelo, entre otros letrados que no participaron en la conversación, aunque pueden verse en una imagen publicada.
Ninguna de estas personas está en nómina del PSOE, ha asegurado el partido, que ha desmentido la información de El Confidencial y ha advertido de que se reserva su derecho a emprender acciones legales por considerarla difamatoria.
Los socialistas enmarcan la publicación dentro de la "ofensiva diaria" a la que, según dicen, están siendo sometidos, pero aseguran que están fuertes y no se dejarán doblegar.
"La andanada contra el Partido Socialista va a más" diariamente, se ha quejado su portavoz, Esther Peña, en una rueda de prenda en la que ha apuntado que este tipo de informaciones persiguen provocar un "daño reputacional" al PSOE.
Peña ha asegurado que el PSOE respeta el trabajo de la UCO, al tiempo que ha acusado al PP de intentar sacar rédito de estas publicaciones y le ha recordado que llevaron a cabo una "guerra sucia" en el pasado contra Podemos así como que tienen casi "30 juicios pendientes".
"Los de la policía patriótica son otros", ha afirmado la secretaria de Economía del PSOE, Enma López, a su llegada a la reunión de la Ejecutiva federal socialista.
Para el PP, el audio demuestra prácticas propias de una "organización criminal" y, por eso, ha advertido de que no las tolerarán y que no van a parar hasta que se investigue y conozca toda la verdad "caiga quien caiga".
"A la Guardia Civil se la respeta, no se la difama", ha subrayado el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en Telecinco, donde ha advertido de que cuando se persigue a la Guardia Civil es evidente que algo está "fracasando" en España y que conviene "pegar un corte quirúrgico".
Más allá ha ido el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, al afirmar que las "cloacas de Ferraz" están "a pleno rendimiento para difamar a los guardias civiles que investigan su vertedero de corrupción".
Para el portavoz del partido, Borja Sémper, es una muestra más de que el Gobierno de Pedro Sánchez está desarrollando acciones propias de "una organización de carácter mafioso", mientras que, según el presidente andaluz, Juanma Moreno, "esto huele francamente mal".
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha recordado que el PSOE se querelló contra él por "decir que eran una organización corrupta". "Quizá me quedé corto (…). Esto se parece mucho a una organización criminal", ha apuntado.
Varias asociaciones de guardias civiles han trasladado su preocupación por el daño que se está haciendo al cuerpo, en especial a la UCO.
Jucil ha denunciado la “purga sistemática” que, a su juicio, viene realizando el Gobierno durante los últimos años en la Guardia Civil, mientras que desde la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) defienden la profesionalidad de los agentes de la UCO.
Ha criticado que la Dirección General de la Guardia Civil “no salga en defensa del trabajo de sus unidades”, especialmente de las que investigan "causas complejas".
En la misma línea, Independientes de la Guardia Civil (IGC) subrayada que la independencia de la UCO debe ser defendida sin ambigüedades y que cualquier intento de condicionar o desmontar su labor es un "ataque directo al corazón del Estado de derecho". EFE
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