Madrid, 23 may (EFE).- Un juzgado de Madrid investiga la presunta manipulación de las firmas electrónicas de un Letrado de la Administración de Justicia (LAJ) y de un fiscal en dos documentos judiciales, en la causa sobre el presunto borrado del audio de la declaración de un menor en un procedimiento sobre su custodia tramitado en los juzgados de Valladolid.
Estos hechos "habrían tenido lugar en la sede de la Dirección General de Transformación Digital de la Administración de Justicia, perteneciente al Ministerio de Justicia y ubicado en Madrid, por ser éste el lugar donde se encuentran instalados los servidores donde se lleva a cabo el proceso de validación de firmas de toda clase de resoluciones".
Así lo expone la Audiencia Provincial de Madrid en un auto, al que ha tenido acceso EFE, en el que admite el recurso que interpuso el padre del menor contra la decisión de la titular del Juzgado de Instrucción 7 de Madrid, Susana Trujillo, de remitir a los juzgados de Valladolid la ampliación de la denuncia por la posible manipulación de esas firmas para unirla a la que dio lugar a la apertura del procedimiento.
En esta causa, que hasta ahora se refería únicamente al borrado del audio del vídeo del menor, ya está investigado el director general de Transformación Digital de la Administración de Justicia, Aitor Cubo, al que la juez, tras la admisión del recurso, llama ahora a declarar como imputado el próximo martes 27, después de haber suspendido una primera citación el pasado octubre.
Lo hace en una providencia, a la que también ha tenido acceso EFE, en la que emplaza además para ese día a los peritos de la acusación particular y anuncia que en esa comparecencia "se preguntará sobre los hechos objeto de la denuncia inicial y de la ampliación".
Al resolver el recurso, la Audiencia dice compartir los argumentos del denunciante, a los que se adhirió el Ministerio Fiscal, "por cuanto, en principio, tales hechos también habrían tenido lugar en la sede de la Dirección General de Transformación Digital de la Administración de Justicia".
Según el informe pericial informático en el que se basa la ampliación de la denuncia, se han detectado discrepancias entre el nombre del LAJ que encabeza un documento del juzgado de violencia sobre la mujer de Valladolid y el del que lo firma, al igual que ocurre en un decreto de la Fiscalía de Valladolid.
Ante esta circunstancia, la Audiencia entiende que "en principio", no existe "base alguna para excluir de dicho proceso a las firmas emitidas por el Ministerio Fiscal, que, al igual que las restantes, para validar la firma deben hacerlo a través de la solución Portafirmas electrónica y el servicio Validación de firmas esto es, a través de servidores sitos en el Ministerio de Justicia".
Según el recurso, ahora admitido, estos hechos "tienen una especial trascendencia para la Administración de Justicia y para la seguridad jurídica, y corresponde al Ministerio de Justicia y a su Director General, como investigado, que conteste, con todas las garantías procesales que le corresponden, cómo es posible que estos hechos puedan producirse en los sistemas y en los servidores del Ministerio de Justicia".
"Recordemos que estamos hablando de un software, no estamos ante firmas físicas o manuscritas, y recordemos que los Juzgados no pueden tener acceso al software (...) que está instalado en los servidores ubicados en Madrid pertenecientes al Ministerio de Justicia", añadía.
En esta misma causa, desapareció el pendrive con la prueba de la grabación en la que se aprecia el presunto borrado del audio de la declaración del menor.
Después de que la juez suspendiera la declaración de Aitor Cubo ante la alegación de que no había tenido acceso a esa prueba, el Juzgado se la pidió a la Guardia Civil, ante la que se presentó la denuncia, y que informó que el pendrive quedó depositado en la Oficina del Decanato de los Juzgados de Plaza de Castilla.
Al reclamarlo la juez, el Decanato respondió que la búsqueda había dado "resultado negativo", y añadió que en su día todo lo relativo a este caso se dejó "en el casillero del Juzgado nº7 de Madrid, que recogió todo su contenido, no quedando en esta oficina ningún documento u otro elemento adjunto". EFE
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