El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha defendido que "las 7.291 víctimas de las residencias de la Comunidad de Madrid y sus familiares merecen la verdad, la reparación, que se haga justicia y que se asuman responsabilidades por lo que sucedió" durante la pandemia.
Así lo ha manifestado a los periodistas después de que un juzgado de Madrid haya citado a declarar como investigados el próximo lunes a dos altos cargos del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo. Ambos fueron los encargados de realizar los protocolos de no derivación hospitalaria en residencias de mayores durante la primera ola del covid-19.
Bustinduy ha considerado positivo "cualquier paso que se dé" para reparar a las víctimas y a sus familiares y hacer justicia, ya que "tenemos una deuda con la memoria de las personas que fallecieron en aquellas condiciones en las residencias" madrileñas.
Con la citación de los dos exaltos cargos se reabre una causa que había sido archivada provisionalmente casi tres años antes, según ha informado este viernes la asociación 7.291 Verdad y Justicia.
El origen de esa solicitud de la Fiscalía Provincial está en una denuncia colectiva de 109 familiares de víctimas de las residencias, coordinada por las entidades Marea de Residencias y 7291: Verdad y Justicia, presentada en octubre del año pasado. La denuncia se dirigía, entre otros, contra altos cargos del gobierno de Isabel Díaz Ayuso por la comisión de un delito de denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria, castigado en el artículo 511 del Código Penal.
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