El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha admitido este miércoles en el Congreso de los Diputados que el contrato de balas para la Guardia Civil con una empresa de Israel "generó un problema" debido a "desajustes y errores puntuales" en su licitación, y que ha asumido en primera persona.
Dicho esto, ha puesto el foco en que el Gobierno de forma coordinada halló la "solución" para iniciar el proceso de rescisión del contrato, tras las quejas de Sumar y otros socios parlamentarios, algo que criticado PP y Vox porque implica "castigar a la Guardia Civil" al dejarle sin munición necesaria. El ministro, por su parte, ha garantizado que no habrá desabastecimiento de balas en las Fuerzas de Seguridad.
En su comparecencia ante el Pleno de la Cámara Baja, Marlaska ha recordado el procedimiento seguido en la contratación, "cumpliendo escrupulosamente el procedimiento legal", para adquirir 15 millones de balas por un valor estimado de 6,8 millones y que fue adjudicado a la empresa israelí IMI Systems LTD, representada en España por la empresa Guardian Homeland Security S.A.
"Soy consciente de que este contrato ha generado un problema. Pero también de que, al margen de desajustes o errores puntuales, hemos sabido resolverlo con la implicación del conjunto del Gobierno, de una manera coordinada y eficaz", ha expuesto Marlaska, reiterando el "compromiso firme de no contratar armamento con empresas israelíes". "Les garantizo que así lo vamos a respetar", ha enfatizado.
DURANTE SEIS MESES NO VIERON VIABLE LA RESCISIÓN
En este sentido, ha recordado que durante seis meses, desde el 29 de octubre de 2024 al parar la tramitación del expediente, se estudiaron "todas las vías legales posibles para anular la adjudicación" con la empresa israelí, lo que ha relacionado con el compromiso con la paz en Palestina y con la decisión del Gobierno de no comprar armamento a Israel desde el pasado 7 de octubre.
"En este proceso, consultamos a la Abogacía General del Estado, cuya recomendación fue formalizar el contrato adjudicado", ha continuado, subrayando que están obligados a cumplir lo dispuesto en la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público para "no implicar un perjuicio patrimonial para el Estado". Fue por esta razón por la que en plena Semana Santa decidieron continuar con el contrato, lo que suscitó las protestas de Sumar y otros socios del Gobierno.
La anulación de dicho contrato llegó un día después de que Interior asegurara que no se podía rescindir debido a que la empresa litigaría y se tendrían que abonar los 6,8 millones del contrato sin recibir la munición. Fue el Gobierno el que, finalmente, impuso el criterio de iniciar el proceso de rescisión, según Marlaska, gracias a que en medio de la presión de los socios parlamentarios sí se encontró un "mecanismo" para la anulación.
UN MECANISMO QUE INTERIOR COMPARTE
"Es eso es lo que hemos hecho: articular una solución mediante un mecanismo que implica a otros departamentos y que el Ministerio del Interior comparte en su totalidad", ha enfatizado, respaldando plenamente la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para iniciar el proceso de rescisión.
Además, Marlaska ha comentado que una vez iniciado el proceso de rescisión en el Ministerio han hecho lo que "siempre hacen", asegurando que han analizado "bien todo lo sucedido" para tomar las medidas adecuadas con el objetivo de "evitar que algo así pueda volver a producirse".
NO HABRÁ DESABASTECIMIENTO DE MUNICIÓN
En este contexto, el titular del Interior se ha referido a las críticas que apuntan a un posible desabastecimiento de munición al prescindir de los contratos con empresas israelíes. "Garantizo que tienen a su disposición el equipamiento y los suministros precisos para el desarrollo de su cometido", ha dicho.
"Los suministros para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están garantizados, les ruego que eviten conjeturas sin fundamento", ha apuntado Marlaska, subrayando su "absoluta adhesión al compromiso del Gobierno de España con la causa palestina y, con ella, la determinación a no comprar ni vender armas al Estado israelí o a sus empresas".
En este sentido, Marlaska ha hecho un llamamiento, como hace el Gobierno desde hace tiempo, para que "termine la crisis y las muertes de inocentes y de niños, los más vulnerables en la zona de Gaza, con 14.000 bebés en peligro vital".
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