La Audiencia de Cantabria juzgará este martes y miércoles a un hombre para el que la Fiscalía pide doce años de cárcel como presunto autor de un delito continuado de agresión sexual cometido sobre la hija de su pareja, desde que tenía once años y hasta que cumplió 16 y comenzó a tener novio.
La vista se celebrará a partir de las 9.30 horas en la Sección Primera y, según la acusación pública, el procesado se prevalió de la relación de parentesco y convivencia con la menor para meterse en su cuarto, en fechas indeterminadas, a lo largo de cinco años y "cuatro o cinco veces a la semana", aprovechando cuando su pareja dormía.
Una vez en el dormitorio de la víctima, "con ánimo de satisfacer su deseo sexual", el acusado "la quitaba la ropa, la lamía los pechos e introducía los dedos en su vagina o la cogía su mano para ponerla en su pene con el fin de que le masturbase".
Además de repetir semanalmente estos hechos, en una ocasión, cuando la chica tenía 13 años, se encontraba durmiendo la siesta y el procesado se sentó a su lado, comenzó a masturbarse y trató de introducirle el pene en la boca, "sin conseguirlo al taparse ella con la mano".
Otra vez, cuando la menor tenía quince años, "en idéntica situación y con idéntico ánimo", el acusado entró en su habitación e "intentó en reiteradas ocasiones penetrarla", sin lograrlo por los movimientos de ella para impedirlo.
El hombre "cesó esta conducta cuando la menor cumplió dieciséis años y comenzó a tener novio", indica la Fiscalía, que señala que la joven presenta daño psíquico compatible con trastorno de personalidad dependiente, estrés postraumático y ansioso depresivo.
DELITOS Y PENAS
A juicio de esta parte, los hechos constituyen un delito continuado de agresión sexual a menor de dieciséis años, por el que pide una pena de doce años de prisión, quince de prohibición de comunicar y acercarse a la joven, otros tantos de inhabilitación para actividad con menores y diez más de libertad vigilada tras salir de la cárcel.
En concepto de responsabilidad civil, solicita que el acusado abone a la joven una indemnización de 10.000 euros en concepto de daños morales.
Por su parte, la acusación particular coincide con las peticiones de la Fiscalía excepto en la pena de alejamiento y prohibición de comunicar, que pide que ascienda a veinte años.
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