Las Palmas De Gran Canaria, 17 may (EFE).- La Audiencia Nacional ha impuesto ocho años de cárcel y el pago de 1,2 millones a cada uno de los seis tripulantes de un pesquero con 1,1 toneladas de cocaína interceptado en alta mar y trasladado al Puerto de La Luz, por considerarlos autores de un delito contra la salud pública.
La intervención del patrullero del Servicio de Vigilancia Aduanera se llevó a cabo sobre las 19:00 horas del 10 de mayo de 2024, cuando se localizó una embarcación con un deficiente estado de conservación y que navegaba de forma errática y sin bandera.
Los agentes que lo abordaron para realizar una inspección comprobaron que el barco no tenía documentación, por lo que, aunque era de pabellón brasileño, no se pudo acreditar.
También carecía de aparatos técnicos sofisticados para la navegación y su tripulación manifestó que tenían una vía de agua en el cuarto de máquinas, por lo que existía riesgo de hundimiento.
Los funcionarios observaron una vez a bordo cinco fardos de arpillera, los utilizados habitualmente para contener droga, y detectaron luego varios más en la proa, hasta sumar un total de 63 paquetes.
Tras hundir el barco, se detuvo a sus seis tripulantes, quienes, junto a la cocaína intervenida, fueron desembarcados, dos días después, en el puerto de Las Palmas de Gran Canaria.
Una vez analizada la droga, se constató que tenía una pureza del 87,4 % y que su peso era de 1,1 toneladas, lo que hubiese alcanzado un valor de venta de casi 53 millones de euros, de manera que la multa impuesta es el doble de este valor.
Durante la investigación trascendió que los tripulantes, pescadores y marineros de profesión, habían sido contratados en Brasil a través de unos desconocidos por cuenta de los dueños de la droga para esta travesía, saliendo de la localidad brasileña de Belem y haciéndose cargo de la droga frente a Guayana.
Nunca quedó acreditado que los acusados pertenecieran a alguna organización, ni que tampoco conocieran previamente la cantidad de droga que iban a transportar ni supieran con precisión la que finalmente fue intervenida en el barco.
De los marineros detenidos, uno era la persona que parecía ser el capitán, otro un mecánico, uno más tenía en su poder diversas anotaciones con coordenadas y casi todos ellos disponían de un teléfono móvil.
Durante el juicio, los acusados primero negaron los hechos e incluso dieron versiones alternativas o exculpatorias, pero, finalmente, a través de sus abogados, manifestaron su voluntad de mostrar arrepentimiento y admitir su culpabilidad sin necesidad de llevar a cabo prueba alguna.
Así fue como cada uno de los procesados reconoció los hechos y dijeron que habían sido contratados para realizar el transporte de la droga por medio de una persona con la que no tenían relación previa alguna. EFE
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