
Podemos ha registrado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados reclamando al Gobierno que exprese su respaldo a la protección de los derechos fundamentales del pueblo annobonés, perteneciente a Guinea Ecuatorial, incluyendo el derecho a su autodeterminación, y que promueva el envío de una misión de Naciones Unidas en la isla.
En la iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, el partido morado pide adoptar las medidas políticas, diplomáticas, económicas y de cooperación necesarias para "contribuir a poner fin a la vulneración sistemática de los derechos humanos en Annobón por parte de las autoridades de Guinea Ecuatorial".
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Igualmente, la formación que lidera Ione Belarra solicita al Ministerio de Asuntos Exteriores que impulse, en el marco de Naciones Unidas, la apertura de una investigación internacional sobre la situación de Annobón, promoviendo el envío de una misión de verificación de derechos humanos a la isla, y su inclusión en la lista de territorios pendientes de descolonización conforme a los principios del Comité Especial de Descolonización (C-24) de la ONU.
Y que promueva mecanismos de cooperación internacional orientados a la recuperación social, cultural y medioambiental de Annobón, "prestando especial atención a la protección de su identidad lingüística y cultural, la garantía de servicios públicos esenciales y la reparación del daño medioambiental sufrido por décadas de vertido de residuos tóxicos en la isla".
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UNA ISLA ABANDONADA Y VÍCTIMA DE REPRESIÓN
En la exposición de motivos de la PNL, Podemos recuerda que esta isla, situada en el océano Atlántico, en el Golfo de Guinea, fue colonizada por Portugal a finales del siglo XV y que en 1778 la isla fue transferida a España mediante el Tratado de El Pardo y, desde entonces, Annobón "sufrió un abandono institucional severo, sin integración efectiva en la administración ni provisión de servicios básicos como salud, educación o infraestructura".
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En 1963, durante el proceso de autonomía previo a la independencia de Guinea Ecuatorial, Annobón no fue objeto de la Conferencia Constitucional de Madrid y del propio proceso de autonomía. Luego, con la proclamación de independencia de Guinea Ecuatorial en 1968, la isla "se encontraba completamente desconectada del proceso político y vivía en condiciones de subsistencia, sin infraestructuras, sin acceso a educación y sin representación política".
Bajo los regímenes de Francisco Macías Nguema (1968-1979) y su sucesor, Teodoro Obiang Nguema, la situación se agravó y los habitantes de Annobón sufrieron una importante represión, con la deportación forzosa de todos los hombres de entre 15 y 75 años para trabajos forzados en las plantaciones de Fernando Poo, la prohibición del uso de la lengua y cultura local, la ausencia de servicios médicos ante epidemias "y el uso de la isla como cárcel abierta y vertedero de residuos tóxicos (1988), con devastadoras consecuencias sanitarias y ambientales", señala la formación morada en su escrito.
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Actualmente, un contingente de unos 500 militares controla la población y la lengua local y expresiones culturales siguen prohibidas. "Annobón vive hoy una situación extremadamente crítica, caracterizada por la ausencia de servicios básicos; el aislamiento físico y político extremo; el hambre, la miseria y la represión sistemática; así como la criminalización de la disidencia --38 personas, incluyendo ancianos, han sido secuestradas por el Gobierno tras enviar una carta de súplica contra la destrucción de la isla por el uso de dinamita--", subrayan.
Por ello, Podemos considera que, según los principios del derecho internacional, la situación actual puede constituir "una forma de genocidio estructural y 'apartheid administrativo'". De hecho, organismos internacionales como la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Access Now y la Organización de Naciones y Pueblos No Representados (UNPO) han denunciado repetidamente esta situación.
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"La administración de Annobón por parte de Guinea Ecuatorial vulnera tanto los derechos humanos básicos como el que protege a los pueblos no autónomos, lo que emplaza a la comunidad internacional, incluyendo a las Naciones Unidas y gobiernos de todo el mundo, a actuar en defensa de los derechos humanos del pueblo annobonés. España, como antigua potencia administradora, tiene una responsabilidad histórica con Annobón", concluye el Grupo Parlamentario en su PNL.
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