Cádiz, 15 may (EFE).- La titular del juzgado de instrucción 3 de Cádiz, Rosa Mª García Jover, considera que la posición de la Junta de Andalucía como responsable civil subsidiaria en su investigación sobre contratos supuestamente irregulares del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en la provincia es "del todo punto ajustada a derecho".
Así lo califica en un auto en el que rechaza tanto el recurso de Podemos, partido que denunció un supuesto fraccionamiento irregular de contratos del SAS por valor de 235 millones de euros en la provincia de Cádiz, contra la personación de la Junta en calidad de responsable civil subsidiaria, como el recurso de la Junta de Andalucía contra la personación del partido morado como acusación popular.
Ambas partes recurrieron el auto del pasado 2 de abril por el que la jueza acordaba admitir la personación del SAS como responsable civil subsidiario y de Podemos como acusación popular.
En un auto al que ha tenido acceso EFE, la jueza rechaza el recurso contra la personación del SAS como responsable civil subsidiaria porque considera que "dado el carácter embrionario de la investigación, la posición del SAS" es "del todo punto ajustada a derecho teniendo en cuenta que el principal investigado se ha negado a declarar y no ha justificado por qué se procedió a la prorroga de los contratos o a la realización de contratos menores".
Se refiere a que el pasado 30 abril la única persona que de momento tiene la consideración de investigado en el caso, Demetrio González Mera, director económico de la central de compras de Cádiz del Servicio Andaluz de Salud (SAS), se negó a contestar a las preguntas de la jueza, de la Fiscalía y de la acusación popular, y sólo respondió a las de su abogado para negar que hubiera conocido alguna anomalía en los procedimientos investigados.
Sobre el recurso de la Junta contra la personación de Podemos en calidad de acusación popular, la jueza apunta que el defecto detectado en este trámite "es subsanable".
"El derecho a la tutela judicial efectiva quedaría sin efecto si se exigiera de forma estricta los requisitos formales" en un proceso en el que se han puesto de manifiesto "unos hechos de relevancia penal que han de ser objeto de investigación a efectos de determinar las personas responsables y recabar cuantas pruebas se estime necesarias". EFE
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