El magistrado jubilado Manuel García Castellón sostiene que el Tribunal Supremo es el "competente" para decidir sobre la demanda que interpuso contra la líder de Podemos, Ione Belarra, "por las manifestaciones" a su juicio ofensivas que fueron "emitidas desde su posición institucional como representante de la soberanía nacional y con el propósito de influir en el debate público".
En un escrito, recogido por Europa Press, el que fuera juez de instrucción de la Audiencia Nacional pide al alto tribunal que ratifique "su competencia objetiva para conocer del presente procedimiento", en concreto la demanda civil que presentó García Castellón por presunta "intromisión legítima en el derecho al honor" y en la que reclama 240.000 euros.
Fue el pasado mes de abril cuando el Supremo celebró una audiencia previa en la que el presidente de la Sala de lo Civil, Ignacio Sancho, dio 10 días a los abogados y la Fiscalía para que se pronunciasen sobre si las manifestaciones de Belarra tuvieron lugar por parte de una diputada, que gozaría de la condición de aforada ante el Supremo, o por parte de una ciudadana que no tiene dicha condición, lo que llevaría el asunto a los juzgados de lo civil.
Según García Castellón, "la clave no reside en el foro donde se emitan las manifestaciones, sino en la condición institucional desde la que se realizan y su finalidad política". "Pues en el presente asunto la demandada realizó sus afirmaciones desde su perfil oficial de la red social 'X', así como posteriormente se ratificó en las mismas a través de un programa de televisión, conforme se expuso y acreditó en la audiencia previa por esta representación", sostiene.
El que fuera magistrado incide en que esas expresiones fueron "realizadas en el contexto de su actividad política, guardando las mismas una conexión material y objetiva con el ejercicio de sus funciones representativas".
BELARRA LE LLAMÓ "CORRUPTO" Y PREVARICADOR
El pasado mes de octubre se dio a conocer que García Castellón ampliaba ante el Supremo su demanda inicial contra Belarra por llamarle "corrupto" y prevaricador, solicitando que le indemnizara con 240.000 euros al considerar que esos comentarios le generaron "un daño moral".
En el escrito, al que tuvo acceso Europa Press, García Castellón explicaba que ampliaba la demanda inicial después de que Belarra persistiera en los insultos luego de que él anunciase que emprendía acciones legales. Pedía al alto tribunal que declarara que las publicaciones que la exministra posteó en redes sociales constituían "una intromisión legítima en el derecho al honor".
Aunque inicialmente solicitó una indemnización de 120.000 euros, el magistrado dobló esa cuantía o instó al Supremo a que fijara una cifra "teniendo en cuenta los antecedentes de esta demanda, dada la gravedad de la lesión producida y la amplia divulgación de la misma".
García Castellón avisó de que esta cantidad no fue escogida "al azar, sino que fue calculada conforme a lo dispuesto" en la ley. A su juicio, "no cabe duda de que las expresiones empleadas por la señora Belarra carecen de un interés general legítimo y resultan ultrajantes y ofensivas". Además, recordó que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ya fijó que la libertad de expresión, "aunque tiene un ámbito amplio de protección, no es ilimitada".
Belarra, por su parte, ha defendido públicamente que lo pertinente sería que el Supremo desestimase la demanda porque considera que los calificativos que empleó son propios del ejercicio inherente a su condición de diputada, dentro de su libertad parlamentaria para valorar la actuación de García Castellón.
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