Madrid, 27 abr (EFE).- El Consejo de Ministros de este martes aprobará el proyecto de ley para reducir la jornada laboral máxima legal desde las 40 horas hasta las 37,5 horas semanales, de forma que la iniciativa comenzará así su tramitación parlamentaria.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anunció esta semana pasada su aprobación inminente en Consejo de Ministros y advirtió que la reducción de la jornada "va a ser, seguramente, la política más difícil que nos va a tocar defender".
"Estoy segura que va a haber un debate muy intenso en el Congreso y estamos trabajando con todas las formaciones políticas para sacarla adelante", apuntaba Díaz, al tiempo que avisaba al PP de que sus votantes "también quieren mejorar su condiciones de trabajo".
Los apoyos a esta norma no están asegurados y el Gobierno no lo tendrá fácil, como suele ser habitual, para amarrar los votos de todos los grupos necesarios, especialmente en el caso de Junts.
La andadura en las Cortes de este proyecto de ley se llevará a cabo con las presiones de los empresarios, que se descolgaron del acuerdo entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos aludiendo al impacto que tendría en determinados sectores y en las pymes y reclamando que este asunto se aborde en la negociación colectiva.
Pero también se dejará sentir la fuerza de los sindicatos, que llevan la reducción de jornada como reivindicación principal en este Primero de Mayo reflejando así un sentir mayoritario de la calle, y que así se lo están haciendo saber a todos los grupos parlamentarios.
La reducción de jornada, desde las 40 horas semanales de la actualidad hasta las 37,5 horas, llevará de la mano la reforma del control horario objetivo, fiable, accesible e interoperable, un elemento clave para que se cumpla el tiempo de trabajo.
Díaz ha detallado que cuando llegó al Gobierno se realizaban más de 6 millones de horas extraordinarias sin retribuir a la semana y que esta cifra se ha reducido ya a 2,5 horas, pero ha añadido que hay que seguir avanzando.
El proyecto de ley recoge también el derecho a la desconexión digital, para que se respete el descanso y la propia intimidad de los trabajadores.
Además, en el caso de incumplimiento de las obligaciones en materia de registro de jornada, la iniciativa recoge que habrá una infracción por cada persona trabajadora afectada cuando no exista registro o los datos sean falseados.
Los incumplimientos en materia de organización y ordenación del tiempo de trabajo que generen riesgo grave para la seguridad y salud de las personas trabajadoras se calificarán como infracción muy grave y conllevarán multas de entre 1.000 y 10.000 euros.
Las empresas tendrán hasta el 31 de diciembre de 2025 para realizar las adaptaciones necesarias en sus convenios colectivos que aseguren el cumplimiento de lo previsto en la norma, en particular, lo establecido respecto a la duración de la jornada.
El anteproyecto de ley fue visto en primera vuelta en el Consejo de Ministros del 4 de febrero, tras lo que ha superado diferentes trámites, entre ellos, el del Consejo Económico y Social (CES) que, aunque reconoció su relevancia social y apostó por avanzar en ese objetivo, consideró que su impacto económico está "insuficientemente fundamentado e incompleto". EFE
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