Badajoz, 9 abr (EFE).- Las declaraciones de tres técnicos de la Diputación de Badajoz en una nueva ronda de testificales por la causa abierta por la contratación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, ha vuelto a evidenciar la defensa "legal y administrativa" del procedimiento por parte del abogado de éste y las denuncias de "irregularidad" desde las acusaciones.
La jueza instructora del procedimiento, Beatriz Biedma, ha tomado declaración en calidad de testigos a tres técnicos de la institución provincial, testimonios solicitados por la defensa de quien fuera responsable de Recursos Humanos y Régimen Interior de la institución Juana Cinta.
A la conclusión de los mismos, Emilio Cortés, abogado de David Sánchez, ha afirmado a los medios de comunicación que lo aportado por estas tres personas revela que el proceso de contratación de su cliente se realizó “desde la más estricta legalidad”.
“Los tres técnicos han puesto de manifiesto que todos los procesos administrativos que están controvertidos en este proceso penal se han realizado desde la más estricta legalidad”, ha remarcado hasta en dos ocasiones más.
A su juicio, se desprende de los testimonios que no se alertó de ninguna circunstancia irregular en este procedimiento, algo que “ya se sabía, pues no hubo ningún reparo ni nadie alzó la voz".
Por ello, entiende el letrado que se confirman sus “buenas sensaciones” pues los técnicos han declarado “prácticamente como peritos de la legalidad” y se demuestra que “no hubo ninguna tacha en la creación de la plaza, ni en sus bases, ni en su desarrollo, ni en el cambio de nomenclatura, ni en las contrataciones que vinieron después”.
“Es una bocanada de aire fresco, no tanto por lo que ya se sabía, sino porque -hoy- se han bendecido estos procesos administrativos”, ha afirmado.
Por contra, el abogado de la entidad Hazte Oír, Javier María Pérez, una de las acusaciones populares, ha afirmado que los testimonios recogidos en esta jornada “no le han venido bien a las defensas”.
Los técnicos, según ha manifestado, “solo han reconocido que controlan la legalidad formal, sin entrar en el fondo del asunto, por lo que sus informes favorables no acreditan nada” en relación a los hechos juzgados.
“Sólo han confirmado que simplemente controlaban la legalidad formal, pues no entraban si la plaza (a la que accedió David Sánchez) era correcta o no”.
La coordinadora nacional jurídica de Vox, Marta Castro, que tiene la portavocía de las acusaciones populares en sala, ha afirmado que “se quiere hacer ver que los expedientes cumplieron con la legalidad”, pero si se analiza “de quién partió la iniciativa” de la contratación, “cómo se desarrolló” el proceso o “cómo se ejecutó”, el contrato presenta "irregularidades".
Ninguno de los tres técnicos de la Diputación de Badajoz que han testificado han realizado declaraciones a los medios. EFE
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(foto) (vídeo)
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